La Justicia decide hoy si mantiene la prisión a los miembros de La Manada
SOCIEDAD
La Audiencia Provincial tiene hasta hoy para decidir si los cinco miembros de La Manada deben permanecer en prisión o son puestos en libertad a la espera de conocer si es firme la sentencia que les condenó a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalencia. La decisión la tomarán los tres miembros del mismo tribunal que juzgó los hechos, sucedidos en la primera noche de los Sanfermines de 2016, tras escuchar a las partes durante la vistilla celebrada ayer.
La urgencia de celebrar esta comparecencia judicial radicaba en que el próximo 7 de julio los acusados cumplirán dos años de prisión preventiva, máximo que marca la ley, de modo que en este momento se tiene que decidir si se prorroga o se deja en libertad provisional a los acusados. En caso de prolongarse ahora, los acusados podrían permanecer un máximo de dos años y medio más en la cárcel, que sería la mitad del tiempo a la que fueron condenados en la sentencia conocida el pasado mes de abril. En este lapso de tiempo deberían estar resueltos los recursos presentados contra la sentencia.
Solo bajo fianza
Durante la vistilla, cada una de las partes defendió su postura. Los abogados defensores de los sevillanos reclamaron su puesta en libertad inmediata, aunque prevén que, en caso de que se les conceda, esta sería bajo fianza. El abogado de cuatro de los condenados, Agustín Martínez Becerra, calculó que la fianza podría oscilar en unos 6.000 o 10.000 euros para cada uno.
Por su parte, los abogados de la acusación solicitaron que se prorrogue la prisión ante la posibilidad de que los condenados se fuguen. No obstante, el abogado de la víctima, Miguel Ángel Morán, no le dio demasiada importancia a la vistilla y la calificó como de «mero trámite». «Solo cabe la puesta en libertad de los condenados», destacó ayer Morán, que se mostró muy «optimista» sobre el futuro de sus defendidos. Si no se atiende su petición presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. Los abogados defensores sostuvieron que no existe riesgo de huida, ya que la condena ha reducido notablemente la petición inicial de 22 años y 10 meses.