Sanidad convoca a los consejeros el día 28 para recuperar la sanidad universal

El Real Decreto-ley 16/2012 pasará a la historia como el decreto de los recortes sanitarios. Copago de fármacos para los pensionistas, de los medicamentos hospitalarios, del transporte sanitario no urgente, y retirada del derecho a la asistencia sanitaria ordinaria a los inmigrantes en situación irregular. Pero ya poco queda en vigor de esta norma, unas seis semanas. Una de las primeras actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido precisamente devolver la asistencia universal a los simpapeles, una medida que había generado un gran rechazo entre los colectivos sociales e incluso entre los médicos, muchos de los cuales se llegaron a declarar insumisos.

Isabel Celaá, portavoz del Gobierno, anunció que se iniciará un proceso dialogado con las comunidades autónomas y la sociedad civil para devolver la universalidad sanitaria. Se hará mediante un real decreto ley, más rápido en su tramitación que una ley, lo que permitirá que pueda estar aprobado, aseguró tras el Consejo de Ministros, en unas seis semanas. Los primeros pasos ya se han dado. El 20 de junio se ha convocado la comisión delegada del Consejo Interterritorial de Sanidad, y el 28 el pleno en el que se reunirán los consejeros de todas las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad. Al mismo tiempo el Gobierno convocará también a agentes sociales y sociedades profesionales implicadas en la defensa del derecho a la salud. Miguel Fernández, portavoz del Foro Galego da Inmigración, asegura que se ha citado ya el miércoles a Reder, una plataforma creada precisamente en contra de este real decreto, y que engloba a sociedades científicas, asociaciones de médicos, colectivos en defensa de la sanidad pública, oenegés y otras entidades.

El Ministerio tendrá ahora que dialogar con las comunidades el camino para poner punto y final a esta exclusión, que criticó por ejemplo la Comisión Europea o el Defensor del Pueblo, pero el Sergas asegura que en Galicia se trata de un problema «resolto desde hai anos». Lo cierto es que la Xunta fue pionera al poner en marcha en septiembre del 2012 -meses después de la entrada en vigor del real decreto- un programa para devolver la asistencia sanitaria a este colectivo, los inmigrantes irregulares que llevan más de seis meses residiendo en la comunidad. Otras autonomías llevaron a cabo posteriormente modelos parecidos al gallego. Desde que se puso en marcha se incluyó en el mismo a 4.550 personas, y en la actualidad hay 1.413 usuarios. El Sergas habilitó otros dos programas, uno de ellos para menores y otro de vigilancia epidemiológica para evitar enfermedades infecciones entre los extranjeros irregulares.

No obstante, Miguel Fernández califica el anuncio del Gobierno de «moi positivo», porque el programa gallego no ha sido suficiente. Y es que para inscribirse hay que justificar la ausencia de ingresos, el empadronamiento durante seis meses y trámites «complicados, ademais de que detectabamos moitas vulneracións», señala Fernández.

La norma del PP retiró el derecho a la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular, salvo en casos de urgencia por enfermedad grave o accidente, o asistencia al embarazo, parto y posparto. No obstante, los menores de 18 años tenían derecho a la misma atención que el resto de ciudadanos.

Tras conocerse el anuncio del Consejo de Ministros fueron muchas las entidades que se felicitaron por este cambio. Entre ellas, el Consejo General de Colegios Médicos, que en un comunicado mostró su satisfacción por el retorno de la sanidad universal. Los médicos recordaron que desde que se aprobó la norma en el 2012 mostraron su rechazo a una medida que afectó tanto a usuarios como a profesionales.

Solo el copago de las recetas seguirá en vigor

Devolver la sanidad universal no solo es beneficioso por cuestiones de salud pública sino que no implica un elevado desembolso económico. Los inmigrantes irregulares que no tienen derecho a la asistencia ordinaria acaban en urgencias y no realizan un control ce sus enfermedades, con lo que se impide realizar prevención, con las consecuencias económicas y en la salud de la población que eso conlleva. Pero no es el primer cambio del Real Decreto-ley 16/2012, que ya dio marcha atrás en varias de sus medidas.

Los medicamentos. La medida más económica para la administración fue la eliminación de la gratuidad de los fármacos para los pensionistas, que ahora pagan el 10 % del precio de sus recetas, con un tope en función de la renta. Teniendo en cuenta que los pensionistas son los grandes consumidores de fármacos del Sistema Nacional de Salud, este fue el cambio con más efectos para las arcas públicas, y sigue en vigor de momento.

Otros no llegaron ni a aplicarse. Este no es el único copago que recogía el real decreto, pero lo curioso es que ningún otro acabó entrando en vigor. El texto recogía también el de los fármacos ambulatorios de hospital; el del transporte sanitario no urgente; el del material ortoprotésico; y el de los productos dietoterápicos. En estos tres últimos ya dio marcha atrás la ministra Ana Mato, mientras que en el caso de los fármacos hospitalarios se quedó en un cajón hasta que su sucesor en el cargo, Alfonso Alonso, expresó su intención de no aplicarlo.

Parches para los inmigrantes. Casi todas las comunidades, además, adoptaron programas similares al gallego para dar asistencia a los inmigrantes irregulares. En el 2015 incluso el Gobierno central rectificó y anunció una medida en esta dirección.

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