«Gustaríame que cada parlamentario puidese votar libremente sobre a eutanasia»

M. G. / A. G. RIBEIRA / LA VOZ

SOCIEDAD

MARCOS CREO

Pepe Vila era amigo del tetrapléjico Ramón Sampedro. Integrante de la entidad Derecho a Morir Dignamente, no oculta su escepticismo

10 jun 2018 . Actualizado a las 23:58 h.

Integrante de la entidad Derecho a Morir Dignamente desde principios de los 90 y amigo del tetrapléjico Ramón Sampedro, que abanderó la lucha por la eutanasia y al que firmó como testigo en su testamento vital, Pepe Vila no oculta su escepticismo. Reconoce que no tiene demasiadas esperanzas de que prospere la propuesta para el derecho de los ciudadanos a decidir: «Estase a facer unha posta en escena sobre algo do que algúns poden sacar réditos políticos».

Este vecino de Xuño, la misma localidad en la que residía Ramón Sampedro, se pregunta: «¿Estase pensando na sociedade ou nos intereses dalgunhas formacións políticas?».

Pepe Vila asegura que, según los datos del CIS, un 87 % de los ciudadanos apoyan el derecho a decidir y cree que también lo harían muchos representantes políticos si no estuvieran condicionados: «Gustaríame que cada parlamentario puidese votar libremente, sen ataduras nin intereses políticos».

Pepe Vila explica que todavía recuerda cuando su amigo Ramón Sampedro se emocionó pensando que el nombramiento de Alberto Belloch, durante la etapa de Gobierno socialista de Felipe González, supondría la legalización de la eutanasia: «Despois xa se deu de conta de que non se ía facer nada ao respecto».

Por su parte, Ramona Maneiro se mostró cauta ante el acuerdo adoptado en el Congreso, aunque se felicitó por que la eutanasia se haya instalado en el debate político: «En 20 anos vale máis algo que nada, polo menos empeza a moverse algo». Sobre la importancia de este paso, mostró más un deseo que una certeza: «A ver se é certo, e a ver se a xente deixa de ter que marchar na clandestinidade ou que se vexa obrigada a estar aquí sufrindo». Por último, señaló que la sociedad va por delante de los políticos en este asunto y que sí está concienciada sobre el derecho a una muerte digna: «Está na man dos políticos. Hai que aproveitar esta ocasión, e se non sae adiante, haberá que seguir pelexando».

El Congreso da vía libre al debate para despenalizar la eutanasia en España

Los únicos votos en contra fueron del PP y UPN, mientras que Ciudadanos se abstuvo

M. Otero

El Congreso de los Diputados tomó ayer una decisión histórica al dar luz verde al debate para despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido con 175 votos a favor, 136 en contra y 32 abstenciones.

El texto debatido, aprobado en Cataluña el pasado mes de julio, propone modificar el apartado cuatro del artículo 143 del Código Penal para que queden exentos de responsabilidades los que, «de manera indirecta o cooperando», ayuden a morir de manera «segura, pacífica y sin dolor» a una persona que lo pida de forma «expresa, libre e inequívoca». Además, se indica que el paciente deberá sufrir una «enfermedad terminal» o una «patología incurable» que le provoque un «sufrimiento físico o psíquico grave que se prevea permanente». De esta forma, se modificaría el texto actual del Código Penal que recoge que quien induzca el suicidio de otro será castigado con una pena de prisión de cuatro a ocho años, quien coopere con esta actividad también será sancionado con la cárcel y quien la ejecute tendrá una pena de hasta diez años.

El objetivo, por tanto, es «despenalizar» esta práctica para que, tal y como han argumentado las representantes del Parlamento catalán, Alba Vergés i Bosch, Assumpta Escarp Gibert y Marta Ribas Frías, los pacientes sepan que tienen «derecho» a que se respeten sus decisiones, se eviten las arbitrariedades y se proteja la práctica profesional, «abandonando el paternalismo».

«No se pretende suprimir sin más el apartado cuarto del Código Penal, porque se abriría la puerta a una mayor criminalización, sino que en el nuevo apartado que proponemos se haga una referencia clara y explícita a la despenalización», comentaba en el debate Escarp Gibert, a lo que tanto Vergés i Bosch como Ribas Frías han añadido que es una demanda de los ciudadanos.

Recientemente, el PSOE presentó una propuesta de ley para regular la eutanasia que el PP rechazó por considerar que no representaba «el sentir de los ciudadanos». En este mismo sentido se pronunció el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, que calificó esta propuesta del PSOE como un «monumento a la insolidaridad y al descarte humano». En su día aseguró que esta regulación promueve «un corredor de la muerte voluntario» y un «falso derecho» que se pretende introducir en la sociedad española «de una manera artificiosa».

Una idea rechazada hasta 16 veces

La decisión votada ayer en el Congreso supone el primer paso para una futura despenalización y regulación de la eutanasia, algo que el Congreso ya había rechazado hasta en 16 ocasiones. Actualmente, los enfermos terminales en España solo tienen la opción de rechazar el tratamiento. Pero de acuerdo con una encuesta del instituto Metroscopia en marzo de 2017, un 84 % de los españoles están a favor de ayudar a la gente con enfermedades terminales a morir sin dolor. Según esta misma encuesta, el 66 % de los votantes del Partido Popular apoyan esta idea.

Una práctica legal en Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Canadá y Colombia

El primer país en legalizar la eutanasia fue Holanda en el año 2002, seguida meses después por Bélgica. En el 2009 se sumó Luxemburgo y, en los últimos años, también han despenalizado la eutanasia Canadá y Colombia.

Por su parte, en Portugal el Partido Socialista (PS) y sus habituales aliados en los tres últimos años -el Bloco de Esquerda (BE), Partido de las Personas, Animales y Naturaleza (PAN) y Partido Ecologista Los Verdes (PEV)- han dado pasos para su aprobación, con la presentación de proyectos en el parlamento para despenalizar la eutanasia en el país. En Suiza están prohibidas todas las formas de eutanasia activa, como la administración de inyección letal. Sin embargo, el suicidio asistido por motivos no egoístas, en el que el receptor desempeña un papel activo en la administración del medicamento, sigue siendo legal.