La presión social tras la sentencia de La Manada lleva al Gobierno a revisar la definición de agresión sexual

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La Fiscalía recurrirá el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra

28 abr 2018 . Actualizado a las 09:32 h.

No está todo dicho. Menos aún después de que la Fiscalía haya avanzado que va a recurrir «por infracción de ley» ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra la sentencia de nueve años de cárcel para los cinco miembros de La Manada, condenados por un delito de abuso sexual y no de agresión sexual e intimidación como pedían las acusaciones. También lo harán el Gobierno foral, el Ayuntamiento de Pamplona y las defensas de los ahora condenados. Una de estas últimas ha adelantado que llegará hasta el Supremo. Pero la contestación popular generada por un fallo que la mayor parte de la sociedad ha interpretado como una bofetada en la cara de las mujeres, tanto en España como fuera del país, ha empujado al Gobierno a estudiar la reforma del Código Penal y, por tanto, revisar la definición de agresión sexual o, lo que es lo mismo, del delito de violación.

Este viernes el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, adelantó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «el titular de Justicia, Rafael Catalá, se había puesto en contacto con la sección penal de la Comisión General de Codificación para valorar si la tipificación de estos delitos que datan del Código Penal de la época de Felipe González, 1995, está convenientemente reflejada en nuestro ordenamiento jurídico o es precisa una actualización». Además, añadió que «el Gobierno ha estado, está y estará con las víctimas».

La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, se alineó con la postura abierta a la modificación de la norma penal. Señaló que los años de cárcel impuestos le parecen «pocos», además de calificar lo ocurrido en los sanfermines del 2016 como «una salvajada». Y Alberto Núñez Feijoo apuntó que «hai parágrafos» de la sentencia que parecen «contraditorios» con el fallo final y que incluso pueden causar «certa incomprensión e decepción», pero añadió que en un Estado de derecho «non hai xustiza á marxe da lei», ni los poderes públicos deben «incitar» a hacerlo. Con todo, el presidente de la Xunta añadió: «Avergoñámonos como homes dos actos cometidos contra esta moza».

El Congreso tendrá la oportunidad de revisar los artículos del Código Penal relativos al abuso o la agresión sexual dentro de poco más de una semana. El día 8 de mayo el Pleno de la Cámara baja deberá decidir si admite a trámite una propuesta del PP para reformar varios artículos de esa norma. Aunque no recoge concretamente cambios en asuntos relativos a violencia machista, tanto el Gobierno como el PSOE y Unidos Podemos, como recoge Europa Press, ven con buenos ojos usar la propuesta para adaptar a la ley penal nuevas normas sobre violencia machista como han hecho otros países de la UE.

La víctima «quiere olvidar»

Mientras la indignación en torno al fallo no cesa y continúa la convocatoria de nuevas protestas, la víctima «quiere olvidar». Es lo que apuntan fuentes cercanas a la joven a las que ha tenido acceso el diario digital El Español. Es por eso por lo que todavía está pensando si recurre o no la sentencia, que ha provocado que sus abogados se sientan «muy decepcionados».

Si decide seguir adelante, no va a faltarle el respaldo de gran parte de la sociedad, como atestiguan las muestras de apoyo lanzadas durante los últimos días desde todos los ámbitos. Hasta el movimiento Me Too contra los abusos en Hollywood se ha pronunciado. La productora y actriz Jessica Chastain publicó en su cuenta de Twitter que «permanecer quieta y con los ojos cerrados no es consentimiento. Eso no es abuso sexual. Es violación [...]. ¿No hay intimidación? Cinco extraños tratando de cercar a una mujer ebria y llevarla a un lugar desconocido es increíblemente aterrador e intimidatorio. ¿Cuántas mujeres son asesinadas cada año?». Y Rose McGowan, que contribuyó a destapar los abusos de Harvey Weinstein, compartió la noticia en su cuenta añadiendo que ella cree a la víctima.

Frente a toda esta contestación social, el abogado de cuatro de los condenados, Agustín Martínez Becerra, llamó la atención sobre los «políticos surferos» que proponen una reforma del Código Penal en caliente y les invitó a dejar a un lado «titulares grandilocuentes» destinados a ganar «tres o cuatro votos».

El presidente del Supremo dice que las críticas comprometen el modelo de justicia

Frente a la indignación generalizada, hay voces que han llamado a la calma y a respetar a los organismos judiciales. Para el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, cuando las críticas a las resoluciones judiciales consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas, «se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos, debiendo recordarse que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales».

Tribunal Superior de Xustiza

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, apuntó en declaraciones a TVG que «no se puede pretender usurpar al poder judicial la capacidad de juzgar». Además, señaló que el fallo muestra «la dificultad que tienen los jueces de asumir su actividad institucional». Y sobre los casos mediáticos, subrayó que los jueces tienen que ser ajenos al tratamiento de los medios de comunicación. También mostró su cautela con respecto a la presión permanente revisable, al indicar que «está sometida a revisión por el Tribunal Constitucional».

No se han quedado atrás los representantes de las cuatro asociaciones de jueces y magistrados de España, que ven desproporcionada la respuesta tan inmediata contra la sentencia con manifestaciones, protestas y la recogida de firmas para inhabilitar a los miembros del tribunal. Entienden que las críticas en un caso como este puedan producirse, pero consideran que la reacción de la sociedad no ha sido meditada.

Los argumentos del voto particular del magistrado Ricardo González que disparan la indignación

  • «No aprecio en ninguno de los vídeos y fotografías signo alguno de violencia, fuerza o brusquedad ejercida por parte de los varones sobre la mujer»
  • «No puedo interpretar en sus gestos, ni en sus palabras (en lo que me han resultado audibles) intención de burla, desprecio, humillación, mofa o jactancia»
  • «La expresión de su rostro [el de ella] es en todo momento relajada y distendida y, precisamente por eso, incompatible a mi juicio con cualquier sentimiento de miedo, temor, rechazo o negativa»
  • «Tampoco aprecio en ella esa 'ausencia y embotamiento de sus facultades superiores' que se afirma por la mayoría de la Sala; por el contrario, lo que me sugieren sus gestos, expresiones y los sonidos que emite es excitación sexual»
  • «Me resulta en conciencia imposible afirmar que lo que se está viendo sea una agresión sexual violenta o que la mujer actúe bajo la influencia de una intimidación que, por más que se pretenda por las acusaciones, no se manifiesta en modo alguno; como también que se encuentre en estado de 'shock' de tal intensidad que la tenga paralizada o sometida»
  • «No aprecio en los vídeos cosa distinta a una cruda y desinhibida relación sexual, mantenida entre cinco varones y una mujer»