La eterna amenaza de prohibir el botellón

Los concellos ven complicado aplicar el veto a nivel municipal e instan a que sea generalizado


redacción / la voz

No es la primera vez que el Gobierno tiene entre manos la idea de prohibir el botellón, como ahora sugiere de nuevo el informe que establece las bases de la futura Ley de Alcohol que pretende aprobar este año el Ministerio de Sanidad. Pero el asunto es peliagudo porque no es tan fácil que la norma salte del papel a la calle. Lo saben los concellos, quienes en última estancia han de hacer cumplir la norma en sus respectivos territorios. A falta de conocer los detalles de la ley que está cocinando el departamento que pilota Dolors Montserrat, el presidente de la Fegamp, el socialista Alfredo García, reconoce que «es un tema complicado» e insta a que la entrada en vigor de la norma sea uniforme en todos los ayuntamientos. «De no hacerlo todos a la vez, en casos como las áreas metropolitanas de las ciudades, por ejemplo, provocaría un riesgo mayor porque los jóvenes cogerían el coche para ir a aquellos concellos donde estuviera permitido», apunta.

El Ministerio del Interior ya había anunciado la prohibición de este hábito en el 2002 La cuestión es que el botellón, como reconoce, es un asunto que se ha ido de las manos «por la tolerancia con la que se afrontó durante los años de su popularización en Galicia» hace ya más de veinte años. En el umbral de la década del 2000, cuando empezaron a aflorar las primeras normativas antibotellón, los jóvenes justificaban la opción de beber alcohol en la calle apuntando que era una alternativa para escapar del garrafón y ahorrar. En ciudades como Lugo llegaron incluso a alquilar pisos baratos en inmuebles destartalados para evitar la vigilancia. Porque más allá de las ordenanzas que aprobaron entonces algunas administraciones locales como la de Ourense, en el 2002 el Ministerio del Interior anunció la prohibición de la práctica.

Once años más tarde responsables del Plan Nacional sobre Drogas (PND) comentaron la urgencia de adoptar medidas como multar a los padres que no impidan que sus hijos acaben emborrachándose. Y la Ley de Seguridad Ciudadana del 2015 veta el botellón al indicar como falta leve «el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana».

Pero más allá de un problema de orden público, el tema del botellón ha ido escalando puestos en el barómetro que mide la gravedad de un hábito que en Galicia, España y Europa es el principal problema de salud pública entre los adolescentes. En Galicia eso lo constatan los datos de estudios realizados por el Grupo de Psicología del Consumidor de la Universidade de Santiago (USC): la edad de inicio de consumo de alcohol está en los 13,4 años, un 97 % de los jóvenes que acuden al botellón beben alcohol y su consumo multiplica por cuatro o cinco las probabilidades de probar otras sustancias.

La edad media de inicio del consumo del alcohol en Galicia está en los 13,4 años No hay duda de que hay consenso entre administraciones sobre el daño que provoca este hábito, el problema es que las medidas que se articulan sobre el papel no logran la efectividad deseada sobre el terreno. Expertos como el profesor de Psicología Antonio Rial Boubeta lo atribuyen a una falta de valentía a la hora de aplicar la norma con contundencia, implicar a los padres como ha hecho Islandia y no escatimar en presupuesto: «Hay que ir a un modelo de prevención ambiental orientado a toda la comunidad desde los progenitores al control de la publicidad, de la oferta y aumentar la fiscalidad. También hay promover actividades deportivos o culturales».

Los padres, responsables

Por ahí van las recomendaciones del informe aprobado por la Cámara Alta y que serán la base para la futura Ley Estatal de Alcohol, que también estudia multas a los padres que permitan el consumo. La ley gallega marca que los padres son responsables de las conductas de sus descendientes menores. De ahí que deberán asumir el importe de las multas que puedan imponerles por beber alcohol antes de los dieciocho años. La pregunta es cuántas llegan a pagarse.

73 denuncias este año, ¿pero cuántas acabaron en multas?

La Policía Autonómica ha llevado a cabo en lo que va de año 1.025 dispositivos de control de consumo de alcohol entre menores. Estos han derivado, como muestran los datos que maneja esta institución dependiente de la Consellería de Vicepresidencia, en el levantamiento de 73 actas de denuncia contra jóvenes que no han cumplido los 18 años. Ese comportamiento, según la normativa gallega del 2015, conlleva para los cazados por primera vez una multa de hasta 600 euros que, en último término deberían asumir los padres como responsables subsidiarios. También puede resultar conmutada por la participación en charlas preventivas u otras actividades reeducadoras. Lo que la administración parece no saber es cuántas de estas actas, que son remitidas a Sanidade para su ejecución, han derivado en una multa. Desde este último departamento de la Xunta apuntan que las actas que les llegan desde la Policía autonómica son remitidas a sus delegaciones territoriales. Añaden que «ellas son las que luego las mandan a los concellos para que las ejecuten». Lo que alegan no saber es a qué municipios fueron enviadas. Fuentes del organismo encargado de hacer cumplir la ley gallega en una las grandes urbes gallegas reconocieron que hace tiempo que no multan.

Aunque no sanciona directamente a los padres, la norma gallega es un adelanto de lo que pretende hacer el Gobierno central y que es multar directamente a los padres como parte responsable de la prevención. Aunque asume ese papel, como padre, el responsable de las AMPAS de colegios públicos de Galicia, Rogelio Carballo, cree que hay una legislación contradictoria porque por una parte limita el poder del progenitor a la hora de ejercer su poder de decidir en determinadas cuestiones, pero luego les hace responsables de conductas cuestionadas. Además, no ayuda el mensaje que dan del alcohol las series o la publicidad.

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