Comisiones alerta de que hay usuarios potenciales en Galicia que ni siquiera la piden
10 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.En Galicia hay más de 80.000 personas que han solicitado las ayudas de la dependencia. De ellas 66.000 tienen este derecho ya reconocido y unas 55.000 están recibiendo la prestación. Pero la comunidad gallega tiene 240.000 mayores de 80 años y 232.000 personas con discapacidad. Muchos de estos se solapan pero, como advierte el sindicato Comisiones Obreras, hay decenas de miles de gallegos que podrían pedir esta ayuda y sin embargo no lo hacen. ¿Por qué? Maica Bouza, responsable de empleo del sindicato, apunta dos posibles razones. La lentitud al resolver los procesos, que desincentiva a las familias, y la cultura existente en la comunidad de ocuparse de los propios mayores sin pedir prestaciones externas.
Hay un dato claro que refleja que los argumentos de Comisiones no van desencaminados. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, del pasado 28 de febrero, en Galicia pidieron una prestación el 2,98 % de los gallegos. Es uno de los porcentajes más bajos de España, y las únicas autonomías con menor tasa son Baleares, Canarias y Valencia, en donde la pirámide demográfica es muy distinta. En las Castillas, por ejemplo, con un envejecimiento más parecido al gallego, las peticiones están entre el 4 y el 5 % de la población.
El informe presentado por el sindicato también pone el foco en las personas que tienen el derecho reconocido y sin embargo no reciben ayudas. Eran a finales del 2017 más de once mil, el 17,6 % del total de beneficiarios. Lo que sí es cierto es que cada vez hay más gallegos con prestación por dependencia. A finales del 2017 pasaban de los 55.300, frente a los 41.823 del 2015. No obstante, CC.?OO. lamenta que entre los servicios concedidos crezcan los low cost, como la teleasistencia o la prevención de la dependencia, y no lo haga en igual medida el de atención residencial, que es el más costoso.
A finales del 2017 el 32 % de los usuarios tenían ayuda a domicilio; el 21 % recibían una prestación económica por cuidados familiares; el 12 % estaban en una residencia y el 11 % acudían a un centro de día o de noche. El 32 % de las personas con derecho reconocido tienen un grado III, el nivel más severo.