La científica que denunció haber sido penalizada por ser madre irá a la Justicia

El Carlos III rechaza su recurso porque otras embarazadas sí ganaron la plaza


redacción / la voz

«Estoy dispuesta a luchar porque se respeten los derechos de las mujeres». María de la Fuente Freire, directora de la unidad de Nano-oncología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) e integrante de Oncomet, acaba de recibir un duro varapalo, pero no se rinde. El Instituto de Salud Carlos III acaba de rechazar en su totalidad el recurso que interpuso frente a la resolución del centro, el mayor financiador de la investigación biomédica en España, de negarle la máxima categoría en la renovación del programa Miguel Servet, plaza a la que había concurrido. Había alegado que no pudo competir en las mismas condiciones que los otros candidatos, ya que en los cinco años de su primer contrato tuvo dos hijos, por lo que estuvo 13 meses de baja. Un tiempo precioso en investigación que perdió y que le impidió reunir iguales o superiores méritos que otros aspirantes. Lo que reclamaba, ante esta situación, era que se le ampliase, por el mismo período, el plazo para ser evaluada y poder optar así al puesto en iguales condiciones o que se aplicase algún coeficiente de corrección.

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Dos embarazos penalizan la carrera de una investigadora de Santiago Los contratos Miguel Servet de investigación sanitaria son muy competitivos y a pesar de su exigencia, en la última convocatoria, no se tiene en cuenta la baja por maternidad. Tres investigadoras nos cuentan cómo les discrimina esta circunstancia.

Sin embargo, ni antes se lo concedieron, ni ahora atendieron su demanda, por lo que ahora recurrirá a la justicia ordinaria para presentar un contencioso-administrativo ante lo que considera una discriminación por una «cuestión de género». Asegura que todo el proceso le está causando un desgaste personal y emocional, que le resultaría más fácil y puede que a la larga más ventajoso quedarse como estaba, con un contrato inferior y sin haber tenido oportunidad de optar al de mayor categoría, pero que presentará batalla «por principios», para que otras mujeres no se vean abocadas a la misma situación. No quiere que la sociedad se quede con el mensaje de que «tener hijos resta competitividad y que, por tanto, nos imponen elegir familia o profesión». «No tenemos -dice- derecho a ser madres o a conciliar sin consecuencias».

«Discriminación de género»

El Instituto de Salud Carlos III, por contra, asegura que de ninguna manera el caso responde a una discriminación por género. Explica, en primer lugar, que la selección de candidatos no la realiza el centro, sino un comité evaluador independiente y que las condiciones para optar al contrato «quedan claramente establecidas en cada convocatoria, y no tienen por qué ser iguales a las de años anteriores», condiciones que la aspirante conocía.

Como prueba de que no fue discriminada se aferra a los datos de la convocatoria a la que concurrió la investigadora de As Pontes: de los 26 candidatos presentados, ocho consiguieron la financiación de mayor cuantía salarial, de los que cuatro fueron mujeres y, de ellas, «tres disfrutaron de baja por maternidad, lo que supone el 75 %». «Y de las diez que fueron financiadas en la otra categoría salarial, cuya diferencia es de 4.500 euros brutos al año, cuatro disfrutaron de baja maternal (40 %)».

De la Fuente conoce estos datos. Pero no comparte la cuestión de fondo. Al margen de que en su caso tuvo dos hijos, entiende que se está perpetuando una situación de desigualdad que obliga a las mujeres a realizar «esfuerzos sobrehumanos» para atender a sus hijos y mantener la excelencia en el trabajo. «Que tres mujeres -expone- hayan sido madres y alcanzado una evaluación excelente no significa que no se respete nuestro derecho a ser evaluadas en igualdad».

Pide que se modifiquen las bases de la convocatoria para que se recojan, de la manera que se estime más oportuna, los supuestos de interrupción, como el de embarazo, enfermedad de larga duración o el cuidado a un familiar. En la que acaba de salir publicada tampoco se incluyen. «No aprendimos absolutamente nada», se lamenta. Por eso seguirá luchando.

«Tiene todo nuestro apoyo ante una absoluta injusticia y una torpeza»

«A mi me parece que todo el esfuerzo y sacrificio personal que he hecho para estar a la altura no ha servido para nada y me lleva a reconsiderar mi situación con respecto a la ciencia». Este texto se recoge en la carta que María de la Fuente Freire remitió al Instituto de Salud Carlos III nada más conocer que su recurso había sido rechazado. Entiende que casos como el suyo son, realmente, los que explican «por qué existe una brecha de género en la ciencia» y que esta distancia no se reducirá hasta que no se pase de las palabras a los hechos. «Es -dice- como si las responsables de esta situación fuésemos las propias mujeres, que nos sentimos inferiores o incapaces, o como si fuese algo que estuviese cambiarlo en nuestras manos, cuando este es un claro ejemplo de que no es así».

La reivindicación de la científica, que dirige un grupo de siete personas, cuenta con el respaldo del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS). «María sabe que tiene nuestro apoyo por completo, el de todo el centro, ante una decisión que aparte de ser de una absoluta injusticia es de una torpeza extraordinaria», constata José Castillo, el director de la institución. «Si hace falta -añade- la acompañaremos al juzgado a presentar el recurso». Castillo también planteará la cuestión en la reunión que celebrará dentro de unos días con el director y la subdirectora del Carlos III.

Este instituto sostiene que su responsabilidad se limita a subvencionar los contratos y que los centros solicitantes, en este caso el IDIS, tienen la posibilidad de «mejorar el salario de los candidatos con presupuesto propio».

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