La justicia condena a dos años de cárcel y a pagar 25 millones al empresario que arruinó el yacimiento aragonés
10 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Era uno de los yacimientos más importantes del Neolítico en España. Una auténtica joya de la arqueología que permitía retrotraer en el tiempo para descubrir como eran los pobladores de la península hace unos 6.000 años. La cueva aragonesa de Chaves, junto la valenciana de Or, son las dos grandes referencias de esta época. Pero la primera ya es pasado. Fue literalmente arrasada por maquinaria pesada para convertir el recinto arqueológico en un abrevadero para las cabras dentro de un recinto privado de caza. Desde el 2007 es ya historia, aunque el destrozo no fue descubierto hasta dos años después, en lo que ya se considera como uno de los mayores atentados al patrimonio. Una agresión que ya tiene oficialmente un culpable: el empresario minero leonés Victorino Alonso, conocido como el rey del carbón, que acaba de ser condenado por la Audiencia Provincial de Aragón a dos años de prisión, seis meses menos que la pena impuesta por el tribunal de primera instancia, y al pago de 25,5 millones de euros como responsable de la destrucción del yacimiento prehistórico. Es, aunque de forma interpuesta, el responsable de la sociedad que gestionaba el coto, vallado a lo largo de un perímetro de 20 kilómetros.
«Por una parte estamos contentos con el fallo, pero lamentamos que una acción como esta no tenga un castigo ejemplar, porque los delitos contra el patrimonio deberían perseguirse y castigarse como cualquier otro», valora Carlos Bitrián, del colectivo Acción para la Protección del Patrimonio de Aragón (Apudepa), que junto con la asociación ecologista Onso y el Gobierno autonómico ejerció la acusación particular. «Lo más importante -añade- es que valora no solo el daño material causado al patrimonio, sino también el social, el histórico y el científico causado por la destrucción de Cueva Chaves. Y en eso sí es realmente pionera».
Paradójicamente, el yacimiento prehistórico, situado en el municipio de Bastarás, no estaba catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), pero sí contaba con otro tipo de protección. La que le otorgaba su pertenencia al Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara y a su adscripción en el entorno de las cuevas de Solencio, donde se hallaron pinturas prehistóricas y que, en conjunto, sí está catalogado como BIC y como Patrimonio Mundial de la Unesco.
«El daño es irreversible»
«La destrucción ya está hecha, el daño es irreversible, porque en el yacimiento solo se pudieron realizar el 10 % de los trabajos arqueológicos. El 90 % restante fue arrasado», relata Bitrián. El representante de Acción para la Protección del Patrimonio de Aragón recuerda que en una sentencia previa se había fijado la indemnización en 50 millones de euros, tal y como había pedido la entidad, que aportó un estudio sobre la valoración de los daños. «Se rebajó la cuantía no porque el juez no estuviera de acuerdo, sino porque consideró que también existió negligencia por parte del Gobierno de Aragón, que falló en la tutela de la cueva y por eso rebajó la cantidad a la mitad», explica.
En la demanda original, la Administración de Aragón solo había pedido una indemnización por valor de 14 millones de euros.