Un juez luso cuestiona que una persona con empleo sufra violencia machista; allí queda más camino que recorrer que en España
31 dic 2017 . Actualizado a las 11:45 h.Está en sus manos condenar al maltratador y exculpar al acusado por falsas denuncias. No siempre tienen pruebas fehacientes de los cardenales y heridas, un parte de hospital de una víctima que reconociese que fue su pareja en vez de inventarse una excusa presa del miedo. Muchas veces solo cuentan con testimonios, los de una y otra parte. Versiones confrontadas. Pero, ¿y cuando el juez decide a quién se maltrata y a quién colocando una etiqueta? Esto sucedió en Portugal, donde un juez puso en duda que una mujer pudiera ser víctima de violencia doméstica por ser una persona «moderna, consciente de sus derechos, plenamente autónoma y con salario propio».
La sentencia del tribunal de Viseu, del 3 de octubre, fue recurrida alegando que el juez se dejó llevar por sus prejuicios. Algo que decidirá ahora otro tribunal, el de relaciones de Coímbra. No es la primera sentencia de esta índole que genera revuelo en Portugal. Sin ir más lejos, el mes pasado el tribunal de relación de Oporto levantó la indignación del pueblo luso. Justificó que una mujer fuese agredida con una maza con clavos por su exmarido como una respuesta a su adulterio, considerando «un gravísimo atentado al honor y la dignidad del hombre». «Existen sociedades en las que la mujer adúltera es lapidada hasta la muerte. En la Biblia, podemos leer que la mujer adúltera debe ser castigada con la muerte», indicó el juez para más inri.
La otra cara de la moneda
Aunque muy seguidos en el tiempo, son casos aislados que no han pasado por alto al otro lado del Miño. «Es un tema complejo, en ocasiones los que tienen que tomar las decisiones judiciales no tienen suficiente conocimiento y por eso ocurren estas cosas tan sorprendentes, en España ya no debería suceder», indica Francisca Fariña Rivera, catedrática de Psicología Básica y Psicología Jurídica.
«Por otra parte, están los profesionales que deberían asesorar a los jueces y tribunales y estos no siempre cuentan con la formación o tiempo para llevar a cabo las pruebas necesarias para auxiliar al juez (a veces también falta de compromiso). En definitiva, la ley se ha aprobado hace ahora 13 años y seguimos con enormes deficiencias», continúa Fariña quien considera que la gran carencia está en «lo que se ha dejado de hacer en educación», algo que confirman los estudios sobre la población más joven.
Coincide con ella Ana Saavedra López, presidenta de Mirabal, asociación que apoya a las víctimas. «Cuando las niñas te dicen que sus parejas les han puesto geolocalizadores y no se rebelan contra eso de das cuenta que tenemos un problema con la juventud». Sin embargo, asegura desde su experiencia que en España «el protocolo funciona, la Xunta y la Guardia Civil están muy encima de cada caso, hay un juzgado específico y una especial sensibilidad por parte de los jueces, al menos con los que yo tengo trato. Escuchan a las víctimas y, de entrada, no las hacen sentir como unas locas o unas mentirosas», subraya.
«Es un contexto totalmente distinto al de Portugal, donde lo ven como un crimen pasional, algo que aquí está superado», continúa Saavedra, quien sabe qué es ser acuchillada por una pareja y cuenta orgullosa como este año, por primera vez desde que fundó la asociación, dos hombres de 32 y 36 años le pidieron ir a terapia para controlar sus episodios violentos para evitar llegar al golpe. «Para mí es el logro más grande del mundo», dice.
¿Terreno por andar? Siempre hay. «Queda mucho por hacer en educación, mejorar los puntos de encuentro, crear más plazas en casas de acogida, porque por ejemplo en A Coruña hay 16», concluye Ana Saavedra.