Demandan al Gobierno ante el Supremo por no garantizar la accesibilidad universal

Un colectivo nacional en defensa de las personas con discapacidad presentó el recurso y anuncia que habrá más


redacción / la voz

Ya había anunciado que iba a ser más beligerante para exigir que la accesibilidad universal deje de ser una teoría y pase a la práctica y ayer dio el primer paso. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno ante el Tribunal Supremo por su inacción a la hora de garantizarla. Lo hizo el día en el que se cumplía el plazo legal para que todos los entornos, productos y servicios sean accesibles, a fin de que cumpla la ley de derechos de las personas con discapacidad del 2013 y desarrolle el reglamento que esta fijaba (en el plazo de cuatro años, prórroga incluida).

La acción se enmarca en un plan de litigación que ejecutará la plataforma en los próximos meses contra los titulares públicos y privados que incumplan los requisitos legales. Según avanzaron del Cermi, la siguiente acción judicial irá encaminada a modificar la ley de propiedad horizontal (relativa a las comunidades de propietarios), que «ten excepcións e considera accesible un chanzo de 12 centímetros, que para moitas persoas é insuperable, así como para que se cree un fondo público para a eliminación de barreiras se algún veciño non ten recursos para pagala, tras comprobalo cos informes necesarios».

«Hai xente que non pode nin comprar o pan»

El Cermi no camina solo, dice su vicepresidente, el gallego Anxo Queiruga, a su vez presidente de Cogami en Galicia y de la federación nacional a la que esta pertenece (Cocemfe). Todos reman juntos y están decididos a pelear por sus derechos en los tribunales, si hace falta, ya sea a nivel individual o colectivo, en el ámbito estatal o autonómico, para que la accesibilidad sea una cuestión de primer orden. 

«É evidente que quedan moitas cousas por facer e non só en canto á accesibilidade arquitectónica», indica Queiruga. Para él, el principal escollo y donde más urge actuar a nivel autonómico es en el transporte público: «Non facilita o desprazamento de curta e media distancia das persoas con problemas de mobilidade, e non falamos só do colectivo con discapacidade, o que as obriga a ter o seu propio medio de transporte. Temos o exemplo de Barcelona, que fixo unha aposta decidida». 

Plantean acudir a la vía judicial

En otras comunidades ya se ha dado un paso al frente en este sentido, recuerda. Por ejemplo, en la comunidad valenciana Cocemfe ya denunció ante la Fiscalía provincial la falta de accesibilidad del tren de cercanías.

El presidente de Cogami no descarta que en Galicia se emprendan también acciones legales para exigir la accesibilidad en este ámbito o a nivel general. Queiruga recuerda que en marzo del próximo año se cumplirán tres años de la nueva ley de accesibilidad gallega y «a estas alturas debería haber xa, segundo os prazos que establecía o Parlamento, un decreto no que se fixera o seu desenvolvemento regulamentario, impoñendo infraccións e sancións». Indica que «non hai un prazo máximo» para acudir a los tribunales, «pero si temos trazada unha liña estratéxica» y habrá «máis accións reivindicativas».

De hecho, subraya el máximo responsable de Cogami y Cocemfe, «creouse unha comisión de traballo con representantes das persoas con discapacidade e da política social do Estado para traballar neste rumbo». «O que non se pode permitir é que haxa xente que non pode saír da casa, nin sequera para comprar o pan, porque existen barreiras. Temos que avanzar e dar pasos decididos para poñerlle remedio», dice.

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