La Eurocámara exige a España que resuelva los casos de bebés robados

Pide al Gobierno y a la Iglesia que faciliten el acceso a registros y documentos

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bruselas / corresponsal

Un «escándalo». El Parlamento Europeo (PE) no ahorra calificativos a la hora de poner nombre al goteo de casos de bebés robados en España. Una práctica con casos desde el año 1940, en pleno franquismo, hasta el 1992. A pesar de la gravedad de los hechos, de los indicios que apuntan a una trama organizada y del volumen de personas salpicadas, el Estado español no ha sido capaz de esclarecer uno de los escándalos más embarazosos de su historia reciente. La impunidad de los responsables y la soledad de las víctimas llevó este miércoles a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara a exigir al Gobierno español que tome cartas en el asunto.

Las demandas son claras. El PE quiere saber en primer lugar si los robos de bebés y adopciones irregulares son casos aislados o «una trama organizada». Para ello insta al Gobierno de Mariano Rajoy a abrir una investigación en el Congreso. No solo eso. Quiere que se designe a un fiscal especial para esta labor y que se creen grupos de jueces para investigaciones ad hoc que permitan agilizar los procesos y evitar así que algunos casos prescriban como está ocurriendo.

El PE también incide en la falta de apoyo y protección que el Estado ha brindado a las víctimas y sostiene en sus recomendaciones a España que deberían poder contar con un estatus especial, tanto padres como hijos, para posibles «compensaciones estatales», además de poder acceder a pruebas de ADN, orientación jurídica y asistencia psicológica gratuitas, sin órdenes judiciales de por medio.

El rapapolvo europeo no se queda ahí. La Eurocámara exigió este miércoles al Gobierno español que se implique de forma activa en la resolución de los casos aportando medios y facilitando las investigaciones y cargó contra la Conferencia Episcopal. El Ejecutivo y la Iglesia deben facilitar el acceso a los «documentos del registro civil, los registros de nacimiento de los hospitales y de las parroquias y congregaciones religiosas», reza el texto en el que también se exige a las autoridades eclesiásticas que reconozcan y pidan perdón por «su posible implicación en la sustracción de bebés y adopciones ilegales».

«Este informe es un paso importante en el proceso de dar respuestas a los afectados por el escándalo [...]. El Gobierno español debe seguir nuestras recomendaciones y tomar la iniciativa para investigar qué sucedió, y quiénes fueron responsables. Confío en que sirva de ayuda para los peticionarios, quienes han mostrado un coraje y fortaleza extraordinarios», señaló la eurodiputada británica, Jude Kirton-Darling, jefa de la delegación parlamentaria que se desplazó a España el pasado mayo para corroborar las denuncias de varias víctimas.

La portavoz de Izquierda Unida en la Eurocámara, Marina Albiol, celebró el respaldo europeo a unas demandas que llegan, en algunos casos, tarde. «Es lamentable que hayan tenido que ser las autoridades europeas las que saquen a la luz los crímenes del franquismo», sostuvo. La eurodiputada del PP, Rosa Estarás, arremetió contra «la izquierda» a la que acusa de querer ensuciar la imagen del Gobierno español señalando a responsables políticos «sin pruebas».

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