Más de 700 entidades gallegas ofrecen 2.312 plazas para las personas que, como el exbanquero Julio Fernández Gayoso, realizan trabajos en favor de la comunidad
11 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.«¿Son eficaces? Depende. No es por dar una respuesta a la gallega, es que realmente varía en función de quién sea. Aquí tuvimos una persona que llegó por un delito de tráfico y volvió luego por segunda vez. Cuando lo hizo acabó deshaciéndose del coche para evitar caer de nuevo en el mismo delito, con consecuencias penales mayores. Entonces para algo valen los trabajos en beneficio de la comunidad». El que habla es uno de los directivos de Vaipolorío, unas de las 730 entidades gallegas que tienen acuerdos de colaboración con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para ofertar plazas donde personas como el exbanquero Julio Fernández Gayoso puedan cumplir con una suspensión de condena a cambio de colaborar en proyectos de limpieza de los ríos, reparto de alimentos, personas que no tienen hogar, con drogodependientes... O bien pueden cumplir con la justicia aquellos que directamente fueron condenados por un juez a realizar trabajo en favor de la comunidad (TBC). En el 2015 fueron en torno a 7.000 en Galicia, dato que no recoge a aquellos que les conmutaron la pena a cambio de desempeñar esas labores.
En Érguete, organización fundada por Carmen Avendaño y dedicada a ayudar a personas que tratan de reinsertarse en la sociedad después de haber coqueteado con las drogas, es donde el excopresidente de Novacaixagalicia deberá servir el desayuno a los 50 usuarios de los talleres. Es la medida correctora marcada por la Audiencia Nacional que le ha permitido salir de la cárcel tras pasar seis meses en A Lama. Gayoso fue este jueves a presentarse ante sus nuevos compañeros. No será hasta el lunes cuando cubra una de las 2.312 plazas que se ofertan en las diferentes entidades de la comunidad.
Más de la mitad, según los datos de Instituciones Penitenciarias, son proporcionadas por administraciones públicas (1.300) como los concellos. Por ejemplo, en la provincia de A Coruña, salvo unos pocos, todos guardan algún puesto para que quienes hayan traspasado la línea de la legalidad puedan enmendar su error haciendo algo en favor del desarrollo colectivo. Cada una de estas plazas es ocupada por una media de cuatro penados al año. De ahí que haya puestos para que unas 9.300 personas en total puedan desarrollar esas labores.
«Hay algunos que cuando terminan, continúan ayudando como voluntarios» Gayoso lo hará dando desayunos. Otros lo hacen realizando labores de estiba o contando paquetes de leche en organismos como el Banco de Alimentos Rías Altas. «Desde Instituciones Penitenciarias nos mandan la relación de los que han de cumplir el trabajo y vamos cubriendo las horas a medida que lo hacen. Pero hay algunos que, cuando terminan lo marcado por la ley, continúan», comentan desde ese colectivo.
Total discreción
En los destinos donde desempeñan su labor, nadie sabe qué ha llevado hasta ahí a esas personas. Para que no haya ningún tipo de problema. Para Instituciones Penitenciarias es una premisa fundamental no dar esa información. «Algunos lo cuentan para desahogarse», dicen desde una organización de ayuda.
La mayor parte cumplen condena de TBC por delitos relacionados con la seguridad vial. También por violencia de género, contra la salud pública, lesiones, hurtos o robos.