Barcelona y Airbnb acercan posturas tras el compromiso de retirar 1.036 viviendas sin licencia

El Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb parecen haberse dado una tregua en la batalla que los enfrenta desde el verano pasado. El acercamiento se produjo ayer por la tarde durante una reunión en la que la plataforma de alquiler de viviendas turísticas se comprometió a retirar de su web los 1.036 pisos que no tienen licencia y que el Gobierno local ha ordenado su cese de actividad. Tiene un plazo de un mes para hacerlo.

El Ayuntamiento entregó ayer el listado a los representantes de Airbnb, que se comprometieron a estudiarlo con detenimiento para ver cuáles están presentes en la página todavía. La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, explicó tras el encuentro que «la semana que viene Airbnb determinaría cómo retirar los pisos de la web».

Otro de los compromisos propuestos a la plataforma, añadió Sanz, es que, al igual que hacen otras web, haya la alternativa de colocar el número de licencia de los pisos ofertados. La idea es articular un modo de comunicación fluido para que, en el momento en el que se detecte que uno de esos números acreditativos resulta falso, Airbnb lo retire cuanto antes.

Estas medidas forman parte de la guerra contra las viviendas que son alquiladas al margen de la ley causando enormes perjuicios a los ciudadanos. Uno de los mayores problemas generados resulta cuando un inquilino usa el piso para realquilarlo como vivienda turística, un uso para el que no fue arrendado por su dueño. Son varios los casos que se han dado. La batalla entre el Gobierno de Ada Colau y Airbnb empezó el verano pasado al multar a la plataforma con 30.000 euros por ofertar viviendas de carácter ilegal. Esa misma cantidad fue la que tuvo que pagar Homeaway. Airbnb recurrió y fue multada unos meses más tarde con 600.000 euros, la multa más alta de la Ley de Turismo catalana.

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