Varias instituciones piden que el profesorado universitario español sea contratado y no funcionario para atraer talento

Un informe de la Cámara de Comercio, la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) y la Conferencia de Consejos Sociales de las universidades plantea que España podría «extraer la enseñanza» de varios sistemas universitarios europeos y modificar el estatus de su personal docente para que este pase de ser funcionario a contratado con el objetivo de «atraer talento».

El documento La reforma de la gobernanza en los sistemas universitarios europeos hace un repaso de las reformas universitarias emprendidas durante décadas por Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Portugal, y, la mayoría, excepto Francia y parcialmente Países Bajos, ha optado por cambiar su modelo docente en este sentido.

«Las universidades de estos países son instituciones que se definen por la calidad de su capital humano, es por ello que están obligadas a atraer talento, ofrecer itinerarios académicos lo más transparentes posibles y desarrollar procesos de promoción», sostienen los autores del el texto, que indican, además, que para hacer posible esta modificación del estatus de funcionario del profesorado los países han implementado «mecanismos de transición en el que coexisten las dos formas de contratación.

Asimismo, afirma que el sistema español vigente pudo haber tenido validez «en un momento histórico determinado», pero en la actualidad necesita una «urgente y profunda reforma» para los retos que «impone» la sociedad del siglo XXI.

En cuanto a la financiación, apuntan que todos los países analizados han optado por modelos, que, por un lado, garantizan una financiación equitativa de los recursos básicos, pero también de excelencia. «De ahí que esta necesidad haya supuesto complementar los recursos incondicionales recibidos por las universidades con otros basados en indicadores de rendimiento», sostiene el informe.

El informe apunta que en varios países se ha reducido el tamaño de los órganos de gobierno de sus universidades Asimismo, señala que otro de los elementos comunes de los sistemas universitarios de los países analizados en su modelo de gobernanza más «gerenciales», con un mayor «liderazgo individual». En concreto, apunta que han reducido el tamaño de los órganos de gobierno de sus universidades y las competencias de los órganos que representan al profesorado y a otros miembros de la comunidad universitaria «se han limitado a las cuestiones académicas».

Rector designado por el órgano de gobierno de la universidad

También asegura que en todos estos países se ha reforzado la presencia de representantes externos a la universidad en los órganos de gobierno y el rector es designado por este órgano -en España lo elige toda comunidad universitaria en un proceso de elecciones-. En algunos países, además, los decanos de las distintas facultades son designados por el rector.

«El reforzamiento de la autonomía universitaria, ha ido en paralelo con un aumento de la rendición de cuentas», sostienen los autores, que afirman que los distintos gobiernos de los países han retenido bajo su control las políticas de asignación de recursos y la evaluación de la calidad. Sobre esta última, señalan que ha tendido a ser más institucional que de programas, para evitar procesos de evaluación «muy exhaustivos y poco eficientes».

El trabajo, presentado esta semana en Madrid, advierte de que las características generales que definen a estos sistemas universitarios europeos «están notablemente alejadas de las del sistema universitario español y se impone la necesidad de abrir un debate político y social de su reforma».

Recursos públicos y fuerte liderazgo

Los autores del informe indican que para los procesos de transformación de las universidades europeas los países analizados han tardado al menos dos décadas en ponerlos en marcha y que, para ello, no solo son necesarios recursos públicos, sino también «un fuerte liderazgo» de los gobiernos y los rectores.

«El éxito de las reformas ha sido posible en estos países por la existencia de una demanda social que la impulsa y se expresa mediante una coalición de actores políticos y sociales que incluye representantes del profesorado, del staff en general (administración y servicios) y de los estudiantes», subrayan.

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