La asociación por la maternidad subrogada cree que los derechos de la gestante pueden blindarse por ley

Confía en que se acabe regulando el proceso pese al informe del Comité de Bioética que instaba a prohibirla a nivel internacional

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Santiago / La Voz

«Toda maternidad subrogada instrumentaliza a la mujer». La frase, de Vicente Bellver, uno de los miembros del Comité de Bioética de España, que elaboró un informe en contra de este tipo de gestación e instó a prohibirla a nivel internacional, no es compartida por las asociaciones que la defienden. Aurora González, secretaria de la Asociación por la Gestación Subrogada, afirma que España tiene leyes que protegen los derechos de los ciudadanos pero que también garantizan las libertades de quienes quieren ejercerlas, como la de esta maternidad. El informe dado a conocer la semana pasada no frena la regulación de este tipo de gestación, que para la asociación acabará llegando, pero sí provoca una reducción de velocidad, «ya que nos obliga a seguir explicando con más detalle que es posible regular con garantías para todos, protegiendo la autonomía y libertad de las gestantes», explica González.

En estos momentos, el debate sobre los vientres de alquiler sigue sin llegar al Congreso de los Diputados. Ciudadanos lleva en su programa la regulación, pero todavía no ha presentado ninguna proposición en la Cámara baja, en gran medida porque el resto de partidos no tienen una posición política, lo que dificultaría el debate. El PP llevó este tema a su congreso pero finalmente no tomó ninguna decisión a la espera de realizar un debate más pausado. Tampoco Podemos se ha definido, mientras que los socialistas llevan una ponencia a su congreso de julio en contra, pero con enmiendas que abogan por regularla. Aurora González defiende el modelo de países que llevan 30 años aplicando este tipo de gestación «y en los que los ciudadanos saben muy bien lo que significa».

Sobre la posible explotación de la mujer apunta que hay países en los que directamente la situación de la mujer ya es de absoluta discriminación y tienen unas condiciones económicas muy diferentes a las españolas, «y ni siquiera tienen la posibilidad de proteger a los ciudadanos como ocurre en España», concluye.

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