Vicente Bellver Capella: «Algunos creemos que toda maternidad subrogada instrumentaliza a la mujer»

Bellver afirma que ningún marco legal puede garantizar la autonomía y libertad de las madres de alquiler

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Santiago / La Voz

En pleno debate en España sobre la maternidad subrogada saltó a la luz el informe del Comité de Bioética de España. Y sus conclusiones fueron claras, prohibir a nivel internacional los contratos de gestación, en garantía de la dignidad de la mujer y del niño. Vicente Bellver Capella (Valencia, 1963), catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia y miembro de este comité, impartió en Santiago una conferencia en la que abordó los aspectos jurídicos y éticos de este tipo de maternidad.

-¿Hay una explotación de la mujer en la gestación subrogada?

-El informe del comité no dice que sea una forma de explotación. Es cierto que muchas maternidades subrogadas son consecuencia de la explotación de la mujer, pero no existe una relación causa efecto, por lo que el contrato de maternidad subrogada no necesariamente implica en todos los casos explotación de la mujer. Eso es lo que opina el comité. Algunos pensamos que toda maternidad subrogada entraña una instrumentalización de la mujer, y otros, que es arriesgada, y que, tal y como está regulada en estos momentos a nivel internacional, deja en una situación de máxima vulnerabilidad a la mujer, pero no descartan la posibilidad de que pueda haber un marco legal que garantice su autonomía. Otros y yo entendemos que es muy difícil que una mujer pueda no ser instrumentalizada en este contrato.

-Por lo que opina una parte del comité, ¿cabría entonces una regulación en donde no hubiese instrumentalización?

-Pero se plantean muchas dificultades. Por ejemplo, cualquier persona tiene derecho a renunciar a su tratamiento médico en cualquier momento, y sin embargo si te comprometes en uno de estos contratos no puedes dar marcha atrás. Sobre todo hay que tener en cuenta que hasta que la mujer no se ve en la situación no sabe cómo va a reaccionar. Otro punto importante tiene que ver con el aborto. La ley española ampara a la mujer si no se ve capaz de seguir con la gestación, pero está abortando el bebé de otro, y los grupos que proponen modificar la ley para permitir la maternidad subrogada dicen que podría abortar pero perdería el derecho a una indemnización y se le podría exigir una indemnización por daños. Si ahí y no vemos una cierta instrumentalización no se dónde la vamos a ver.

-¿Y si se garantizan todos esos derechos para la mujer?

-El comité ha buscado un consenso, que se concreta en las tres conclusiones finales, pero a título personal me parece imposible conseguir una regulación garantista de la autonomía y la libertad de la mujer que no la convierta en un instrumento.

-La donación de órganos es anónima, pero se puede hacer de modo personal cuando se trata de un familiar, ¿y si se limita esta maternidad subrogada a los familiares para garantizar que sea altruista?

-Brasil por ejemplo exige que sea un familiar. La propuesta en España es justo la contraria, y creo que tiene peso por dos razones. Primero porque en el hijo generas una dualidad de relaciones de parentesco, ya que por ejemplo la abuela legal sería la madre biológica, por lo que el riesgo de que haya conflictividad en el planteamiento educativo no es descartable. Otra dificultad es que las relaciones familiares son complejas y podríamos imaginar un riesgo probable en que una persona accediera a gestar por ese vínculo y no de una manera completamente libre.

-También podemos pensar que la donación de óvulos instrumentaliza a la mujer.

-El comité no se ha pronunciado sobre eso. A título personal las donaciones de óvulos entrañan un riesgo para la mujer y se busca la eficiencia en el proceso. Además la comisión nacional de reproducción humana nunca estableció los criterios acerca de la cuantía con la que se podía compensar la donación, por lo que las clínicas fijan sus criterios. Que una chica perciba mil euros hace dudar de si estamos hablando de donación o de retribución.

-El comité elaboró un informe sobre el rechazo a la vacunación, ¿debería ser obligatoria como quiere Italia, e incluso sancionar a los padres que no vacunen a sus hijos?

-Creo que el régimen español es muy adecuado, porque no obligando ha conseguido unas altísimas tasas que garantizan la salud pública de la comunidad. La obligatoriedad, y no digamos bajo sanción penal, es el último recurso, y a eso solo hay que acudir cuando no queda más remedio. En España, por circunstancias culturales, por educación o bien por el prestigio que tienen los sanitarios que saben explicar la importancia de la vacunación, creo que resulta innecesario acudir a medidas tan drásticas como las sanciones.

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