El Congreso insta al Gobierno a vetar el aceite de palma en colegios y hospitales

Proponen que se mejore el etiquetado de los productos que lo contengan

Reuters

redacción / la voz

O gigantes de la alimentación como Nestlé retiran el aceite de palma de sus chocolates, algunos tan consumidos como el Kit Kat, o los niños españoles tendrán más difícil acceder a este producto. No podrán hacerlo al menos desde las máquinas expendedoras y cafeterías de los colegios. Ni ellos ni tampoco los usuarios de los centros de salud y de instalaciones deportivas. Ningún producto que contenga esta grasa saturada que se encuentra en el ácido palmítico podrá ofrecerse a los usuarios de estas instalaciones. Así al menos consta en una proposición no de ley presentada ayer por ERC en la comisión de Sanidad del Congreso y que fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, salvo el PP.

En la iniciativa se insta al Gobierno a que los productos que contengan aceite de palma, el más utilizado en alimentación, se retiren de los centros escolares, de salud y deportivos. La propuesta se nutrió de aportaciones incluidas en enmiendas transacionales realizadas por el PSOE y por Ciudadanos. Este último partido, de hecho, también había presentado hace unos días otra iniciativa para regular el consumo de esta grasa saturada, cuya ingesta abusiva puede provocar un aumento del colesterol malo y elevar el riesgo de un infarto o un ictus. Pero fue la de Esquerra la que se debatió primero. Fue aprobada en la Comisión de Sanidad por veintitrés votos a favor y catorce en contra, todos del PP.

En el texto también se pide al Ejecutivo que defienda ante la Unión Europea una modificación del reglamento comunitario para que los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos que contengan aceite o grasa de palma informen del contenido de este producto en sus envases o etiquetas «de una manera legible y visual». En la actualidad aparece entre el resto de los ingredientes.

También se pide al Ejecutivo, en este caso a propuesta del PSOE, que en los centros deportivos, educativos y sanitarios no se elimine solo de forma progresiva el aceite de palma, sino también cualquier otra grasa saturada, como las trans, que pueda suponer un riesgo para la salud.

Otro de los puntos reclama al Gobierno la adopción de iniciativas legislativas para evitar el consumo de productos que contengan grasa o aceite de palma entre la población infantil mediante publicidad o ganchos comerciales como juguetes, accesorios, adhesivos o incentivos no relacionados con la promoción propia del producto.

Igualmente, se exigen actuaciones, en colaboración con las diferentes comunidades autónomas y con la industria alimentaria, para la protección de los menores frente a la publicidad de alimentos y bebidas que contengan grasas, ácidos transgrasos, sal, sodio y azúcares. En el caso del aceite de palma, este ingrediente se encuentra en ciertos productos alimentarios industriales como bollería, patatas fritas, galletas, precocinados, conservas, pizzas, chocolates y aperitivos.

«Se ha intentado sustituir, pero no se ha podido», asegura la industria

A la iniciativa aprobada ayer por el congreso se suma la decisión adoptada esta semana por Alcampo de retirar el aceite de palma de sus marcas propias de forma progresiva y siempre que tecnológicamente sea posible. Es una medida que también están estudiando otras compañías como Mercadona, DIA, Hipercor o Lidl, algunas de las cuales también se mostraron dispuestas a exigir que el producto que compren tenga la certificación sostenible, para evitar que se destruyan bosques tropicales. Pero eliminar el aceite de palma de los supermercados no será fácil. «Aporta consistencia, untuosidad, da un toque crujiente... También alarga la vida útil del producto y evita que se deteriore visualmente. Se ha intentado sustituir, pero no se ha podido», explicaron a Efe fuentes de la industria.

Luz verde a la creación de un grupo sobre el uso terapéutico del cannabis

La Comisión de Sanidad del Congreso dio luz verde ayer a una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a crear una subcomisión sobre el uso terapéutico del cannabis. El texto -aprobado por 34 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones- es fruto de un acuerdo entre Ciudadanos (el grupo proponente que inicialmente reclamaba modificaciones legales para regular los tratamientos medicinales con cannabis) y el PP y el PSOE (estos últimos defendían la creación de una ponencia sobre este asunto en el seno de la comisión para el estudio sobre el problema de las drogas).

Finalmente, la iniciativa incluye la creación de la subcomisión en el seno de la Comisión de Sanidad, basándose en evidencias científicas para ofrecer garantías en materia de salud a los pacientes.

El diputado de Ciudadanos, Francisco Igea, hizo un llamamiento para regular el uso terapéutico del cannabis en España como se ha hecho en algunos estados de Estados Unidos o países como Canadá, Irlanda o Italia. Desde ERC, Joan Olòriz expresó su «profundo respeto» por la propuesta, ha considerado que es «una necesidad inmediata».

El diputado socialista Jesús María Fernández abogó por escuchar a las asociaciones de usuarios, expertos, organizaciones profesionales y todos los que tienen que algo que decir sobre el uso medicinal del cannabis antes de tomar una decisión. En nombre del PP, María del Carmen Hernández calificó de «insuficiente» la propuesta inicial de Ciudadanos de adoptar medidas legislativas, ya que es «un tema importante para muchos pacientes».

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