El Gobierno mantendrá las cabinas telefónicas durante tres años más

R. R. García / M. Cobas REDACCIÓN / LA VOZ

SOCIEDAD

Lucía VidalÁlex López-Benito

Obligará a las operadoras a dar el servicio, pese a que el concurso quedó desierto

27 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Quedan poco más de 18.000 en toda España, de las que unas 1.000 aún funcionan en Galicia, aunque su uso es prácticamente testimonial. Son casi un objeto decorativo y tenían los días contados: el 1 de enero del 2017. Es la fecha en la que expira la concesión que actualmente aún mantiene Telefónica, que gestiona el servicio junto con algunas compañías autonómicas, como R en Galicia, y, tal y como estaba previsto, ninguna compañía se ha presentado al concurso convocado por el Gobierno para renovar el mantenimiento de los teléfonos públicos y para elaborar y entregar las guías telefónicas. No le interesa a ninguna operadora porque es una prestación ruinosa. Los cabinas parecían así condenadas a la extinción, pero han conseguido una vida extra. Seguirán activas al menos durante tres años más gracias a que el Ejecutivo hará uso del Real Decreto 726/2011 recogido en la Ley General de Telecomunicaciones, que obliga al Gobierno a mantenerlas porque se trata de un «servicio universal». La norma establece que todos los ciudadanos deben tener acceso a una red suficiente de teléfonos de uso público.

El Gobierno tramitará ahora una orden de «designación directa», lo que implica que un operador deberá hacerse cargo de los teléfonos de uso publico, aunque ninguna compañía los quiera. Y todo parece indicar que el elegido seguirá siendo Telefónica. Al menos hasta que el propio Ejecutivo no derogue el real decreto, algo que ya se ha planteado después de que en marzo pasado un informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia pidiera su anulación.

La prestación, que es deficitaria, cuesta cerca de siete millones anuales

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asegura que la orden que aprobará el Gobierno para obligar a las operadoras a mantener el servicio de las cabinas telefónicas «no parece muy en consonancia con los principios básicos inspiradores del derecho» de un mercado libre, sobre todo considerando que en la licitación que se convocó para tal fin se establecía como período del servicio un año., según informa Colpisa.