Obligará a las operadoras a dar el servicio, pese a que el concurso quedó desierto
27 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Quedan poco más de 18.000 en toda España, de las que unas 1.000 aún funcionan en Galicia, aunque su uso es prácticamente testimonial. Son casi un objeto decorativo y tenían los días contados: el 1 de enero del 2017. Es la fecha en la que expira la concesión que actualmente aún mantiene Telefónica, que gestiona el servicio junto con algunas compañías autonómicas, como R en Galicia, y, tal y como estaba previsto, ninguna compañía se ha presentado al concurso convocado por el Gobierno para renovar el mantenimiento de los teléfonos públicos y para elaborar y entregar las guías telefónicas. No le interesa a ninguna operadora porque es una prestación ruinosa. Los cabinas parecían así condenadas a la extinción, pero han conseguido una vida extra. Seguirán activas al menos durante tres años más gracias a que el Ejecutivo hará uso del Real Decreto 726/2011 recogido en la Ley General de Telecomunicaciones, que obliga al Gobierno a mantenerlas porque se trata de un «servicio universal». La norma establece que todos los ciudadanos deben tener acceso a una red suficiente de teléfonos de uso público.
El Gobierno tramitará ahora una orden de «designación directa», lo que implica que un operador deberá hacerse cargo de los teléfonos de uso publico, aunque ninguna compañía los quiera. Y todo parece indicar que el elegido seguirá siendo Telefónica. Al menos hasta que el propio Ejecutivo no derogue el real decreto, algo que ya se ha planteado después de que en marzo pasado un informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia pidiera su anulación.
La prestación, que es deficitaria, cuesta cerca de siete millones anuales
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asegura que la orden que aprobará el Gobierno para obligar a las operadoras a mantener el servicio de las cabinas telefónicas «no parece muy en consonancia con los principios básicos inspiradores del derecho» de un mercado libre, sobre todo considerando que en la licitación que se convocó para tal fin se establecía como período del servicio un año., según informa Colpisa.
«Esta duración era una de las características esenciales del contrato», inciden los responsables del órgano supervisor en su respuesta al borrador de orden ministerial que les pasó el ministerio hace pocas fechas y donde recomiendan que se imponga (en este caso a Telefónica) «el plazo mínimo posible para causarle los menores perjuicios o inconvenientes económicos».
Y lo hace tras haber aconsejado meses atrás que se evaluara la conveniencia de un servicio «en declive y de baja rentabilidad», asumiendo que «la imposición de una obligación de servicio público a una empresa privada» parece la única solución factible tras quedar desierto el concurso correspondiente.
En realidad, fueron tres las licitaciones que publicó el Ejecutivo en septiembre para sendos elementos del servicio universal, y todas quedaron sin poder adjudicarse. En el caso de los teléfonos públicos de pago y las guías -hoy en día se publican las listas en una página web y solo se mandan a quien las solicita-, ninguno de los tres grandes operadores (Telefónica, Vodafone y Orange) quisieron hacerse cargo.
Las operadoras calculan que el mantenimiento de las cabinas, directo e indirecto, cuesta cerca de siete millones de euros anuales, muy por encima de los 1,2 millones que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia estimaba en el 2013.
Ni en la «reserva» de O Barco de Valdeorras sobreviven ya los teléfonos públicos
Hace apenas año y medio el Concello ourensano de O Barco de Valdeorras se mantenía como concello donde las cabinas telefónicas eran un negocio rentable. Pero ya no, a la vista de que Telefónica ya ha pedido permiso al Concello para quitar dos. Y el resto de las que sobreviven instaladas, tanto de esa compañía como de R, acusan la falta de mantenimiento.
Uno de los puntos otrora de mayor afluencia de usuarios, en la zona del hospital comarcal, todavía quedan dos pies dobles, uno de cada compañía, separados por apenas veinte metros de distancia. En el caso de las de Telefónica, uno de los aparatos ya no está. Solo queda el hueco, y en el otro, el cordón del auricular está tan agarrotado por la falta de uso que colgarlo se convierte en tarea complicada. En la cabina de R, la falta de uso y mantenimiento se evidencia en la gran presión que hay que hacer en las teclas para conseguir marcar; y en la presencia de una gruesa capa de suciedad que no invita a acercarse el aparato a la cara. Queda claro que hace tiempo que nadie se lo aproxima a la piel. Y que hace tiempo que nadie se acerca a pasarles un trapo.
«Telefónica nos pidió quitar una en la urbanización de Os Nidos, y otra en la zona del colegio de las monjas, porque con la obra que hicimos en la plaza quedó en medio de la acera y estorbaba; y se dieron los dos permisos», explicaba ayer el alcalde, Alfredo García. «El problema es que no llama nadie», resumía. Él mismo reconocía no recordar la última vez que hizo uso del servicio de teléfono público, pero al tiempo remarcaba que es bueno que se conserve alguna en funcionamiento, «porque no todo el mundo tiene móvil».
A García le costaba recordar también el número exacto de cabinas que hay en territorio municipal, que se han convertido en parte del paisaje pero en las que cuesta recordar la imagen de gente usándolas. Ni siquiera estos días, con el aumento de la población asociado a estas fiestas, fue posible ver a nadie utilizándolas.