Consumo de alcohol en menores, la custodia compartida o la gestación subrogada son temas que tratará el Congreso, donde por ahora no se hablará de aborto
04 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Consumo de alcohol en menores. Permiso de paternidad. Custodia compartida. Gestación subrogada. Muerte digna. El debate social abierto en torno a esos asuntos ha dado el salto al Congreso. Diferentes colectivos urgen una legislación que cubra el vacío legal existente en aquellas comunidades que no tienen normas propias o donde las competencias no están transferidas. El único asunto polémico que parece que no estará en la agenda de los diputados, al menos a corto plazo, es el aborto. El nuevo Gobierno, que no tiene mayoría absoluta, ha tenido que introducir como prioritarios algunos de estos asuntos.
Una norma para frenar el consumo en menores. Las alarmas sobre una práctica habitual en todo el país han vuelto a saltar. El resorte que las ha disparado fue la muerte, el pasado 1 de noviembre, de una niña de 12 años tras haber ingerido un exceso de alcohol durante un botellón en la localidad madrileña de San Martín de la Vega. No fue el único caso alarmante. Uno de los últimos fue el pasado fin de semana, cuando otra menor, también de Madrid, ingresó en coma etílico. Esa realidad, unida a la que describen las encuestas que hablan de que un 80 % de los menores de entre 14 y 18 años han probado el alcohol, ha llevado a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, a anunciar esta semana en el Congreso una batería de medidas para tratar de llegar a la, por ahora, lejana quimera de consumo cero de alcohol entre los menores. La medida estrella: elaborar una ley estatal de prevención del consumo parecida a la que en su momento diseñaron para el tabaco. Pero la titularidad de Sanidad no adelantó nada más. Solo que el límite de edad para consumir no cambiaba. Son los 18 años.
Pero hay comunidades como Galicia que tienen la suya propia. El Parlamento gallego la aprobó hace años. Desde entonces, ha habido bastantes avances como lograr implicar a los concellos en la vigilancia. Pero aún queda mucho camino por recorrer. De momento, la propuesta del Gobierno ha generado algunas reacciones. Colectivos como la Fundación Alcohol y Sociedad, por ejemplo, comentan que «en estos momentos hay la tendencia social a la prohibición y al desarrollo de medidas legislativas para paliar problemas de prevención, pero estas no funcionan solas porque deben de ir acompañadas de medidas educativas y preventivas, Justo estas últimas, dicen, «son más eficaces a la hora de atajar este tipo de conductas».
Custodia compartida
Una norma difícil de consensuar. «Normalizar la custodia compartida en el país». Parece que esa es la voluntad del ministro de Justicia Rafael Catalá. También es uno de los 150 compromisos arrancados por Ciudadanos al PP: cambiar el Código Civil para introducir esa fórmula como «la más deseable». Pero para ello, como dijo el ministro esta semana en el Congreso, hay que lograr la unidad política y abrir un debate social sobre el asunto. De momento hay cuatro comunidades -Cataluña, Navarra, País Vasco, Aragón- que la tienen. Comunidad Valenciana tenía otra desde el 2011, pero justo esta semana fue anulada por el Constitucional al alegar que interfería las competencias del Estado. En Galicia, la Asociación de Pais e Nais Separados prepara una iniciativa legislativa popular para presentar en el Parlamento.
Permiso de paternidad
Un total de 16 semanas para todos. El pasado mes de octubre el Congreso dio luz verde, con la abstención del PP y Foro Asturias, de una propuesta de Unidos Podemos que propone instar al Gobierno a equiparar los permisos de paternidad y maternidad hasta las 16 semanas. Estos no serán transferibles.
Gestación subrogada
Una normativa que choca con el interés feminista. Una pareja fue detenida por pagar presuntamente una elevada suma a una mujer de Cádiz por ejercer como madre de alquiler. Ella también fue detenida. Para evitar casos de ese tipo colectivos como la Asociación por la Gestación Subrogada en España urgen una normativa reguladora como hay ya en Estados Unidos o Canadá. Ciudadanos pretende introducirla en el debate parlamentario. El problema, como dice Ana Miramontes, de Áncora abogados, es que no encuentra el apoyo de feministas ni católicos.
La muerte digna entra de nuevo en la Cámara baja
El 9 de octubre del 2015 moría en Santiago Andrea Lago, la niña de doce años que sufría una enfermedad neurodegenerativa incurable. Lo hacía después de que sus padres hubieran tenido que recurrir a los jueces para que los médicos accedieran a retirarle la alimentación que permitía a la pequeña continuar con vida. El caso reabrió entonces el debate sobre la muerte digna. Pero no fue hasta esta semana que se retomó en el Congreso, tras el intento fallido de IU, primero en el 2012, y luego en el 2015, de sacar adelante una legislación estatal que la regulara.
Fue justo este último viernes, después de que Ciudadanos presentara una nueva proposición de ley enfocada a garantizar a todos los españoles el acceso a una muerte digna. La norma pretende regular también el modo de actuar del personal sanitario que atiende a aquellos que están en fase terminal. Además, reclama una equidad de acceso a tratamientos paliativos para todos los ciudadanos.
Pero no fueron los únicos en reabrir el debate. Unidos Podemos comenzó ese mismo día una ronda de preguntas a diferentes colectivos para elaborar un documento común que pretenden dar entrada en el registro el 23 de febrero. Por su parte, el PSOE también introdujo el tema en una moción sobre diferentes asuntos sanitarios presentada en el Senado.
De momento, mientras el debate continúa hay comunidades autónomas con una regulación propia. Andalucía legisló en el 2003 y en el 2010 sobre la voluntad vital. También lo hicieron Canarias, Baleares, País Vasco, Navarra, Aragón y Galicia.