Ministerio y comunidades sellan la paz educativa enterrando las reválidas

Todas las Administraciones deciden retirar sus respectivos recursos sobre las pruebas


Hace años que una Conferencia Sectorial de Educación no acababa ni tan rápido ni con rostros tan satisfechos. No era para menos, porque ayer se escenificó la paz educativa en España cuando 15 de las 17 autonomías -el PP solo gobierna en 5- ratificaron el nuevo decreto ley que entierra de facto las reválidas ideadas por Wert. El acuerdo ya se conocía desde la semana pasada: la reválida de ESO se hará solo en algunos centros y la de bachillerato será casi idéntica a la selectividad y solo se necesitará para acceder a la universidad.

El ambiente general de la reunión fue muy distendido, y de hecho las buenas noticias siguieron después de la cita oficial: las reválidas de tercero y sexto de primaria serán, como la de 4.º de ESO, muestral, es decir, se harán en unos grupos porcentuales de colegios que permitan hacer una radiografía de cada comunidad, pero ni serán generales ni tendrán valor académico.

Para completar este «buen día», como lo calificó el ministro Íñigo Méndez de Vigo, el propio titular de Educación anunció que el Gobierno central retirará todos los recursos y procesos que tiene en marcha contra las comunidades que incumplieron la reválida de primaria -que se celebró el curso pasado por primera vez- y las autonomías rebeldes se comprometieron a hacer lo mismo con sus denuncias contra el decreto de las reválidas. Esto «ayudará a los tribunales de Justicia», según bromeó Méndez de Vigo, y tiene razón. Ahora mismo el ministerio tiene diez procesos en marcha: la Alta Inspección envió requerimientos a siete autonomías (Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares) y pidió más información sobre las pruebas a otras tres (Asturias, Castilla-La Mancha y el País Vasco). Por su parte, las diez comunidades contrarias a las reválidas anunciaron que harán lo mismo, retirar los recursos contra las pruebas, que se están tramitando en el Tribunal Supremo la mayor parte.

Solo el País Vasco y Cataluña se quedaron al margen del acuerdo, pero no tanto porque no estuviesen a favor de los cambios en las reválidas, sino por su protesta frontal contra la Lomce por invadir competencias. La consejera vasca, Cristina Uriarte, reconoció que «se han dado pasos importantes» y la catalana, Meritxell Ruiz, consideró que «la voluntad de diálogo se ha quedado corta», ya que ella llevaba la derogación de la disposición adicional 38.ª de la Lomce según la cual la Generalitat tiene que pagar un colegio privado a los alumnos catalanes que quieran estudiar en español. El asunto no se trató en la reunión, que además fue de las más breves de los últimos años, apenas 90 minutos.

«Na liña da Xunta»

El que estaba pletórico era el conselleiro gallego, Román Rodríguez. Era lógico, porque, como señaló, «o ministerio sigue a liña da Xunta, que pediu que a avaliación de ESO non fose académica e que a de bacharelato fose o máis parecida á selectividade». Rodríguez reconoció que el objetivo de las cesiones es limar diferencias y que «todos recoñezamos que temos algo que ceder para chegar a un pacto» que tiene dos niveles: «un inmediato, para dar certezas e tranquilidade aos estudantes e ás súas familias», y otro «a medio e longo prazo» e inédito en España.

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