Tomás Aller: «Hasta ahora los jueces decidían sobre menores sin escucharlos»

Un foro sobre infancia y Justicia aborda la doble victimización de los niños en el juzgado


a coruña / la voz

«En España solo el 5 % de las denuncias por abuso sexual a niños sigue adelante. ¿Qué pasa con ese otro 95 % que se archiva por falta de pruebas? No van a ser todas mentira...», pregunta Diana Rodríguez. La presidenta de la asociación gallega Abuso y Maltrato Infantil No (Amino) advierte que se trata de «un tema feo» porque así lo califican cuando ofrece formación a instituciones o colectivos de padres. «Y ya se sabe -añade-, aquí lo feo no existe». En Alemania, un médico de la Universidad de Berlín desarrolló un programa pionero de identificación temprana de agresores sexuales. Emitieron anuncios en televisión. «Si te excitas sexualmente con un niño o una niña, tienes un problema. Llámanos». Las líneas se colapsaron. Cinco años después, el programa funciona en todos los estados federales costeado por fondos públicos y con una importante lista de espera. «Son un ejemplo porque lo han sacado a la palestra y lo están tratando. Pero que nadie piense que aquí no pasa. La primera conclusión es que el 1 % de la población tiene tendencias pedófilas». Habla Tomás Aller, coordinador de la campaña 1 de cada 5 (niños víctimas de violencia sexual) y de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, en su doble papel de anfitrión e invitado del foro de buenas prácticas sobre Justicia e infancia celebrado en A Coruña.

-Hablan de la revictimización del menor. ¿Cómo se produce?

-El sistema jurídico es un juego de adultos pensado para adultos en el que se obliga a participar al niño. ¿Quién enseña al abogado defensor de un agresor a preguntarle al niño que es víctima? Nadie. Su objetivo es echar por tierra el testimonio del menor. Si los operadores jurídicos pudieran reunirse con los psicólogos y recibiesen formación especializada como ocurre con la violencia de género, o un simple módulo de psicología evolutiva, podrían entender, por ejemplo, por qué una víctima sigue queriendo a su agresor o por qué en una situación de abuso sexual un menor puede sentir placer. Esto en manos de un abogado o un juez puede resultar devastador. Preguntas como «¿Por qué volvías a la casa si él te seguía haciendo eso?» rompen al niño.

-¿Cómo debería abordarse?

-Por ejemplo, que los dos abogados hagan un listado de preguntas, se lo pasen al gabinete psicosocial que va a evaluar al niño y con una cámara Hessel, con espejo de doble cara, con mucho tacto, a modo de juego, se le hagan las preguntas sin que él sepa que está toda esa gente allí. La solución ya está en marcha.

-¿Es la única protección?

-Antes de terminar la anterior legislatura se produjeron cambios muy importantes. La principal modificación que introdujimos, en línea con las directrices mundiales, es el interés superior del menor. Que ante cualquier decisión haya que preguntarse si eso es lo mejor para ese niño. ¿Para quién trabajan los abogados en un caso de divorcio? No para el niño. Bien, pues ahora el primero de la lista es el niño.

-Parece una abstracción deontológica. ¿Qué debe primar?

-La ley del 2015 incorpora por vez primera elementos descriptivos de lo que es el interés superior del menor y se empieza a acotar. La heterogeneidad de la interpretación de la norma está ahí, pero, por ejemplo, a un menor maltratado dentro de la familia le sobra el maltrato, lo que no tenemos muy claro es que le sobre la familia. Otra novedad importante: el derecho del menor a ser escuchado. Hasta ahora se tomaban decisiones sobre menores sin escucharlos. Y en casos de violencia sexual, por ejemplo, su testimonio suele ser la única prueba. Ahora el menor es protagonista de la causa. El juez interpreta y hay que avanzar hacia la unidad de criterio, pero ya se toma como criterio de procedimiento escuchar al menor.

-El niño como sujeto de derechos.

-Exacto. Si un niño pega a otro niño son cosas de niños. Si un niño pega a un adulto es violencia ascendente. Si un adulto pega a un niño es una medida correctora. Y si un adulto pega a otro adulto es un delito. ¿En qué quedamos? La violencia es la violencia. No puedes partir de que un niño no sabe lo que le conviene. Escúchalo primero. Y que no pueda decir que ha sido víctima del propio proceso judicial. Pero no hemos hablado de la dimensión económica que hay detrás de todo esto, porque si no proteges adecuadamente a un niño, si no eres capaz de recuperar psicosocialmente a un menor agresor, si tus centros de protección de menores, que debieran tener carácter terapéutico, no funcionan, en todos estos casos estás perdiendo dinero. Y esto es fundamental, la falta de evaluación de políticas públicas en España.

Tomás Aller señala el rumbo: juzgados y equipos específicos para menores, sean víctimas o agresores; formación desde la universidad para los profesionales judiciales, sanitarios y psicosociales, protocolos de coordinación y un buen sistema de recepción y atención de casos. «Si todo lo anterior funciona, van a salir muchos casos. Y de eso se trata».

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