Una acusada de filtrar secretos de la Santa Sede habría extorsionado al hermano del expresidente italiano con revelar una cuenta secreta de Silvio en el banco del Vaticano
02 dic 2015 . Actualizado a las 17:15 h.El nuevo escándalo de divulgación de documentos confidenciales en el Vaticano extendió estos días sus rocambolescas ramificaciones, con sus alegaciones de chantaje y pirateo informático, hasta el propio Silvio Berlusconi. Estos nuevos elementos giran en torno a Francesca Chaouqui, consultora en comunicacion de 34 años, juzgada en el Vaticano junto a otras cuatro personas -dos de ellos periodistas- por divulgación de documentos confidenciales sobre presuntas malversaciones cometidas en el seno de la Iglesia católica.
El nombre de Paolo Berlusconi, hermano del exjefe de gobierno y propietario del diario Il Giornale, aparece en efecto en la investigación lanzada por la justicia italiana, distinta de la del Vaticano, contra Chaouqui y su marido Corrado Lanino. Los investigadores sospechan que Chaouqui amenazó a Paolo Berlusconi con revelar la existencia de una cuenta secreta de su hermano Silvio en el Vaticano, si no expulsaba al corresponsal en el Vaticano de Il Giornale, cuyos artículos le resultaban molestos.
El martes por la noche, Silvio Berlusconi desmintió cualquier contacto con Chaouqui. Y su abogado Niccolo Ghedini afirmó a la prensa que semejante chantaje no tiene sentido, «pues no hay ningún vínculo» entre Berlusconi y los asuntos del banco del Vaticano. Mientras, en el Vaticano este controvertido proceso -por el que periodistas son perseguidos por publicar los documentos obtenidos- se reanuda el lunes con los testimonios de Chaouqui y del prelado español Lucio Ángel Vallejo Balda, otro de los cinco acusados.
Este prelado asegura haber divulgado los documentos tras haber sido seducido por Chaouqui, que a su vez desmiente tal cosa. La justicia vaticana considera que Vallejo Balda y Chaouqui establecieron «una asociación criminal para divulgar ilegalmente información y documentos». Los cinco imputados pueden ser condenados a penas de hasta ocho años de prisión. La divulgación de documentos confidenciales es un delito desde una ley vaticana del 2013.