La falta de cementerio dispara la factura de la basura nuclear

Enresa, la empresa pública encargada de gestionar, asume el coste de la construcción de los Almacenes Temporales Individualizados

Imagen de manifestación en Valencia del 2010.
Imagen de manifestación en Valencia del 2010.

madrid / colpisa

La gestión de los residuos nucleares va camino de convertirse en un quebradero de cabeza para el Gobierno. No solo por las dificultades administrativas para poner en marcha el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), sino por el elevado coste que está asumiendo el Estado para poder administrar los residuos nucleares. Enresa, la empresa pública encargada de gestionar esta basura radiactiva, será la encargada de construir el cementerio manchego, cuya inversión será de más de 1.000 millones. Pero, además, esta sociedad asume el coste de la construcción de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI), que las propias centrales están abocadas a edificar ante el retraso del central. Por ahora, hay ATI en las plantas de Trillo (Guadalajara), Ascó (Tarragona) y José Cabrera (en desmantelamiento). Sin embargo, a finales de octubre, Garoña (Burgos) recibió la autorización de Industria para construir su cementerio temporal. Y en noviembre, Almaraz (Cáceres) sometía a información pública en el BOE su proyecto. Solo quedarían dos por construir: Cofrentes (Valencia) y Vandellós (Tarragona). Y si sigue aumentando el nivel de ocupación de sus piscinas, donde dejan reposar ese material reposar, se plantean la construcción de sus propios silos. La saturación supera en muchos casos el 90 % y se prevé que a partir del 2020 no tengan espacio.

Al final, se trata de unas inversiones superpuestas derivadas del retraso del silo centralizado. El Plan de Residuos Radiactivos en vigor desde el 2006, ya advertía que en el caso de que el ATC se retrasase «tendrían que desarrollarse soluciones alternativas con el consiguiente encarecimiento del sistema global de gestión». Por ahora, se están cumpliendo los peores pronósticos económicos. En principio, son las empresas propietarias de las centrales -eléctricas en todos los casos- las responsables de realizar la tramitación. La regulación indica que son las centrales nucleares las que pagan la totalidad de los gastos de gestión de sus residuos y el desmantelamiento futuro de las centrales. Pero al construir un ATI, Enresa «participa a través de un acuerdo» en esa operación, indican fuentes de la sociedad pública. Y en ese pacto, se fija cómo se «comparten los costes», según lo que marca la ley. La inversión en estos silos temporales podría alcanzar, en cada central, hasta 25 millones.

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