Más de 100.000 dependientes han muerto esperando su prestación

Cuatro de cada diez todavía no han recibido las prestaciones que les corresponden. 


EFE | La Voz

Casi cuatro de cada diez dependientes, exactamente el 37 %, están esperando prestaciones o servicios a los que tienen derecho, según un informe de la Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales que evalúa la implantación de la ley tras la incorporación de los beneficiarios moderados el pasado mes de julio.

Tras ocho años y medio de aplicación de la Ley de dependencia, concluye su implantación con la incorporación al sistema de estos dependientes de Grado I, que elevan a 445.264 los beneficiarios que todavía no reciben ninguna atención. El estudio recuerda que desde el 2012, más de 100.000 personas han fallecido mientras esperaban que se les aplicara la ley. 

El último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, presentado por esta organización, analiza por comunidades autónomas el grado de implantación de la ley, que denuncia ha sido desigual, y plantea la necesidad de aprobar un pacto de Estado «que replantee el modelo de financiación autonómica» del sistema.

Galicia, con más de dependientes en espera

Respecto a la lista de espera, Galicia, junto a Aragón y Andalucía, forman las regiones con más personas pendientes de recibir la atención que les corresponde.

La lista de espera en Galicia llega al 24%, lo que, según el informa «constituye un gravísimo problema para afrontar la atención a las 15.000 personas con derecho a partir del 1 de julio, su tasa de desatención a esa fecha supera el 41%»

Con los datos del Sistema de Información del Imserso a 30 de junio, el dictámen recuerda que hay 1.191.406 personas en situación de dependencia reconocida; es decir, 25 de cada mil españoles necesitan apoyos para realizar las actividades básicas de la vida diaria en mayor o en menor medida. En concreto, 411.235 personas tienen Grado I (dependencia moderada), 435.130 son de Grado II (dependencia severa) y 345.041 de Grado III (gran dependencia).

El observatorio denuncia que el sistema finaliza su implantación sin capacidad para atender a más de un tercio de las personas que tienen el derecho reconocido, por lo que ha anunciado que «buscarán apoyos» para presentar una acción colectiva en la Audiencia Nacional por el incumplimiento de las administraciones a partir de enero de 2016.

En Galicia se ha optado en el último año por la prestación de servicios, especialmente por la ayuda a domicilio, en detrimento de las prestaciones por cuidados familiares, lo que dificulta la velocidad a la que se están atribuyendo las ayudas, es por este motivo que muchas personas fallecen a la espera de recibir la retribución que le corresponde.

El informa explica los malos datos de la comunidad gallega como consecuencia a dos cuestiones de fondo, por un lado «la penalización financiera que hace la AGE a quienes apuestan por los servicios» y por otro, culpa a «la escasa integración de los servicios sociales locales y autonómicos».

Un sistema desbordado

«Con el presupuesto aprobado para 2016, para atender a los 445.000 dependientes se necesitaría 25 años para cubrir el sistema», ha asegurado José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, quien ha añadido que «resulta prácticamente imposible que se pueda dar una respuesta», cuando el gasto medio por dependiente es de 6.600 euros anuales.

Según el observatorio, el sistema de la dependencia «está desbordado», como demuestra que la capacidad de atención en los últimos cuatro años se mantiene en 750.000 personas. Además, lamenta «la baja calidad e intensidad de la mayoría de los servicios prestados y la demora excesiva en las atenciones».

Evaluando el gasto público en dependencia por habitante y año, Cantabria es la comunidad que más fondos dedica a esta cuestión, con una suma de 184 euros, los ciudadanos de Ceuta y Melilla son los que menos invierten en dependencia, 49,09 euros. 

En la escala de valoración del Observatorio, que evalúa un conjunto de criterios, la mejor puntuación la obtiene Castilla y León con un 9,5; mientras que la peor se la lleva la Comunidad Valenciana con un 1,2. En esta radiografía de la dependencia también es posible observar que el 78 % de las personas atendidas están en su domicilio, mientras que un 22 % se encuentra en residencias.

«El procedimiento sigue siendo lento, farragoso, ineficaz y una auténtica tortura para las familias», concluye el presidente de la asociación. 

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