El PP rechaza en comisión las enmiendas de la oposición a la reforma del aborto

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SOCIEDAD

Imagen de archivo de una protesta proabortista ante el Congreso.
Imagen de archivo de una protesta proabortista ante el Congreso. Ángel Díaz | EFE

Los populares buscan modificar la ley para  reincorporar el consentimiento de los progenitores cuando se practican abortos a menores de 16 y 17 años

07 jul 2015 . Actualizado a las 20:20 h.

La mayoría del PP ha rechazado  en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados las enmiendas presentadas por la oposición a la reforma del aborto para impedir que las menores puedan abortar sin el consentimiento de sus padres o tutores legales.

El Grupo Popular ha rechazado las enmiendas de supresión planteadas por el PSOE, la Izquierda Plural, UPyD, PNV, ERC y BNG con el objetivo de mantener la actual ley del aborto -aprobada en el año 2010- en lo relativo al reconocimiento de la capacidad de las menores de 16 y 17 años para abortar sin la autorización de sus progenitores o tutores legales.

El PP también ha rechazado las enmiendas de UPN orientadas a fomentar las políticas en defensa del derecho a la vida de las mujeres embarazadas que quieran interrumpir su embarazo y las enmiendas de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) para respetar el derecho de las menores a decidir sobre su propio cuerpo.

La diputada del PP Marta González ha indicado que el propósito del PP y del Gobierno es modificar la legislación en vigor para reincorporar el consentimiento de los progenitores cuando se practican abortos a menores de 16 y 17 años con el objetivo de «devolver a padres y madres la capacidad de apoyar a sus hijas en ese momento tan complicado de sus vidas».

González ha explicado que el PP no puede ni quiere retirar el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado contra la ley del aborto vigente porque mantiene «serias dudas» respecto a su constitucionalidad y ha abogado por esperar a que el Tribunal se pronuncie sobre esta materia para intentar construir un acuerdo basado en su doctrina.

La portavoz del PSOE, Susana Ros, ha subrayado que su partido vuelve a decir «no» a la reforma de la ley del aborto impulsada por el PP porque, desde su punto de vista, «no tiene ninguna justificación» y no existe ningún clamor social para cambiar la ley vigente.

Ascensión de las Heras, de la Izquierda Plural, ha arremetido contra la reforma del aborto del PP que, a su juicio, ha entrado en la Cámara «en el último minuto de la legislatura, por la puerta de atrás, de manera hipócrita y sin ningún consenso».

En nombre de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán se ha mostrado en contra de «debilitar» la actual ley del aborto y ha tachado de «desafortunada, poco legítima y desordenada» la tramitación del «retoque del PP que tiene un aire electoralista».

Desde CDC, Lourdes Ciuró ha propuesto una serie de enmiendas dirigidas a «conectar con la realidad», mientras Antoni Picó, de UDC, ha recordado que hay un recurso a la actual ley del aborto que está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional.

Joseba Aguirretxea, del PNV, ha abogado por mantener la ley del aborto vigente, que, desde su punto de vista, «es válida y buena», frente a la reforma impulsada por el PP, que «tiene su propio apoyo y el de nadie más».

Desde ERC, Joan Tardá ha hecho una defensa «a ultranza» de la ley del año 2010, aunque ha apostado por hacerla más progresista con una ampliación del plazo para a interrupción voluntaria del embarazo o el impulso de campañas para evitar embarazos no deseados.

Olaia Fernández Dávila, del BNG, ha calificado la reforma del aborto propuesta por el PP de «inadmisible desde el punto de vista de la protección de las menores», además de «regresiva, contraria a los intereses de las personas y fundamentada en falsedades».

El diputado de UPN Carlos Salvador ha considerado «insuficiente» la reforma para reducir la cifra de abortos en España, al tiempo que ha reclamado el impulso de políticas en defensa de la vida dirigidas a las mujeres que se plantean abortar y ha opinado que la ley del año 2010 es «inconstitucional».