El aborto, eterno campo de batalla

Mañana el Congreso debate la reforma de una ley imposible de consensuar


redacción / la voz

Con el aborto no hay forma de llegar a la unanimidad. No es ya que las posiciones de los dos principales partidos sean diferentes, es que en el seno de cada uno de ellos hay voces contradictorias. En este caso se da la circunstancia poco habitual de que el PP tiene más corrientes y sensibilidades irreconciliables entre sí. Mañana el Congreso empezará a debatir la reforma de la reforma que nunca fue.

¿Qué se va a votar mañana?

Se votará la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para «para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo».

Esta ley es una reforma muy puntual de la norma de plazos ahora en vigor -aprobada bajo el Gobierno de Zapatero en el 2010- que acepta el aborto libre hasta la semana 14 de embarazo. El cambio ofrecido por el PP es puntual, y se ajusta a lo prometido en la última campaña electoral de las generales: las chicas de 16 y 17 años deben contar con el consentimiento de sus padres para abortar; si no quieren hacerlo, tienen que recurrir a un juez.

¿Qué apoyos tendrá esta reforma?

Pocos pero suficientes. Entre la oposición de izquierdas hay malestar porque consideran que las chicas afectadas son muy pocas -unos cientos cada año- y tienen derecho a tomar sus decisiones al margen de lo que piensen sus padres. Pero en el PP ya no se cuenta con el apoyo socialista. El problema es que entre los propios populares hay malestar que, aunque parte de un grupo muy pequeño, hace cierto ruido.

Alfonso Alonso, adalid del consenso, no quiere caras largas, ausencias injustificadas o plantones bajo su mano. Ha hecho todo lo posible para atraer al grupo provida, ese que pide aborto cero, y cerrar así una crisis de tres años que le costó la cartera a Gallardón y que molestó a los votantes populares más centristas. Sin embargo, Alonso va a tener que lidiar con tres negativas rotundas en su seno: Lourdes Méndez, José Eugenio Azpiroz y Javier Puente están dispuestos a escenificar su descontento en la cámara baja.

¿Qué trámites seguirá la ley hasta que entre en vigor?

Tras el debate de mañana se abrirá un plazo de presentación de enmiendas. El PP piensa pedir la tramitación por el procedimiento de urgencia, lo que supone acortar los plazos a la mitad, pero no tiene intención de que la votación final en el pleno del Congreso tenga lugar antes de las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo para que no le pase factura.

Frente a esto, y según Europa Press, grupos como el PSOE e Izquierda Plural dejaron caer que piensan presentar una enmienda de totalidad contra la reforma, lo que exige la presentación de un texto alternativo. Ello implica un segundo debate en sesión plenaria antes de que se empiecen a discutir las enmiendas parciales en ponencia y comisión. Tras la tramitación en el Congreso, el texto se remitirá en junio al Senado, donde también hay parlamentarios del PP contrarios a la reforma. La aprobación completa para su entrada en vigor se calcula antes del verano.

¿Es un derecho o no? Una cuestión que se complicó

En el proceso de negociación con los diputados populares díscolos, que superaban la docena hace un par de semanas, el Gobierno se esforzó mucho y se buscó un apoyo fundamental. Durante la Semana, Santa Ricardo Blázquez, presidente de los obispos españoles, valoró positivamente la minirreforma en una entrevista en RNE: «Últimamente -dijo- van a introducir, y a mí me parece correcto, el que las niñas sin permiso de los padres no puedan abortar, me parece que es una forma de respeto para estas chicas y me parece bien». Este impulso hizo que muchos parlamentarios de fuertes convicciones religiosas aceptasen el mal menor de esta reforma legislativa, pero el PP quiso ir un paso más allá y armó un pequeño lío.

El pasado jueves fuentes del Partido Popular dejaban entrever que en las enmiendas de la reforma de la ley ellos iban a presentar una que dijese que el aborto no era un derecho. Esto animó al grupo de irreductibles, que calificó la puntualización como una «aproximación positiva» a su postura. Pero en esto llegó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y dejó claro que en la ley actualmente en vigor «no hay un derecho al aborto como tal». Lo que se contempla es el derecho de la mujer a decidir sobre su vida sexual y reproductiva.

Esta corrección hizo que la diputada del PP Lourdes Méndez frenase en seco en su acercamiento a la directiva y lamentase públicamente -lo dijo a Efe- la «imposición» a todos los parlamentarios del Grupo Popular de votar «bajo pena de reprobación y sanción, y violentando voluntades y conciencias».

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