Los inmigrantes irregulares volverán a ser atendidos en atención primaria

Los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular volverán a tener derecho a la atención primara en el Sistema Nacional de Salud (SNS) pero no recuperarán la tarjeta que les fue retirada con la aprobación de la reforma sanitaria en 2012. Así lo ha anunciado en una entrevista el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, en la que defiende esta decisión por «cuestiones de salud pública», porque es «más práctico» y para «no saturar las urgencias», informa Efe.

«Lo vemos ya con mucha claridad y trabajamos en eso, estamos dispuestos a dar un paso, creo que no tiene sentido que no puedan ser atendidos en atención primaria», sostiene el titular de Sanidad. Sin embargo, manifiesta estar «completamente en contra» de que los sin papeles sean titulares de una tarjeta sanitaria que «les daría un derecho en Europa que no existe en ningún otro país».

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Los centros de salud atenderán a las personas en situación irregular

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También se ha pronunciado sobre este asunto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que, tras reunirse en La Moncloa con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha defendido que la asistencia sanitaria de los inmigrantes irregulares en España es «sin duda una de las más completas de Europa», a pesar de que la reforma que impulsó la exministra de Sanidad Ana Mato en el 2012 les dejó sin tarjeta sanitaria «al igual que en ningún otro país de la Unión Europea», informa Europa Press. Desde entonces, ha relatado, solo tienen derecho a ser atendidos «en condición de igualdad con los españoles» en urgencias, durante el embarazo, parto y postparto, a menores de edad y ante cualquier problema que repercuta en la salud pública.

No obstante, Rajoy ha confirmado que Sanidad trabaja en una regulación para «mejorar la asistencia de estas personas» que permita «regular la posibilidad de su acceso a la Atención Primaria» ya que, según ha recordado, algunas comunidades ya lo estaban permitiendo. «Parece más sensato y razonable que se haga en los ambulatorios para que, entre otras cosas, no se colapsen las urgencias», ha zanjado el presidente del Ejecutivo, que confía en que se haga una regulación «que sea útil y sirva igual para todos los territorios».

Alonso no es partidario de retirar otras medidas de la reforma como el copago farmacéutico pese a que, según el Gobierno, la economía se está recuperando, porque España siempre ha tenido un gasto en medicamentos «muy elevado» y hay que «seguir siendo muy exigentes en su control». Para hacer frente al coste de los tratamientos innovadores que puedan surgir en un futuro cercano para enfermedades como el cáncer o la diabetes, tal y como ha ocurrido con la hepatitis C, adelanta que el Ministerio de Hacienda trabaja en la creación de un fondo que financie el gasto autonómico en farmacia, que no podrá superar el PIB. Este fondo, explica el ministro, no incluirá la financiación de los 727 millones destinados a costear los nuevos fármacos para la hepatitis C porque se trata de «una situación excepcional» que requiere «una solución excepcional».

El debate de las patentes

Respecto a la posibilidad de abrir un debate sobre las patentes de los medicamentos para abaratar los precios, Alonso cree que «el discurso facilón de demonizar a la industria no lleva a ningún lado» y avisa: «No íbamos a tener los avances que hemos tenido hasta ahora». No obstante, pide un esfuerzo a la industria farmacéutica para que se garantice la incorporación de los nuevos tratamientos a la sanidad pública con «un horizonte presupuestario asumible» y «estable». «Ojalá salgan mañana innovaciones importantísimas para la diabetes o para el cáncer y nuestro problema sea cómo lo pagamos; bendito problema», enfatiza.

Defiende que asegurar la equidad en el SNS es una de las «más importante razones de ser del Ministerio», ya que reconoce que hay diferencias en el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivan. Para conseguir esa igualdad, Alonso aboga por dotar al Consejo Interterritorial de Salud de mayor poder para que sus decisiones «sean realmente ejecutivas». Actualmente, en este órgano en el que están representados el Gobierno y las comunidades, se aprueban acuerdos y estrategias nacionales que «se suponen que son comunes» pero sin ningún mecanismo que garantice «la lealtad» de su cumplimiento.

«En algunas decisiones damos mucha amplitud y quizás tienen que ser más ejecutivas», dice Alonso, quien pone como ejemplo el cribado de cáncer de colon, implantado en unas comunidades y en otras, no.

Asimismo, anuncia que se adoptarán medidas para eliminar las dificultades en la derivación de pacientes a los centros de referencia de determinadas enfermedades y entre las autonomías.

Las enfermeras recomiendan medicamentos

Ante las críticas de la Organización Médica Colegial (OMC) a que las enfermeras puedan indicar medicamentos no sujetos a receta médica, Alonso pide a los médicos que «no arrimen el ascua a su sardina» y que «no sientan miedo» porque los profesionales de la enfermería no quieren «meterse en el terreno de otro, ni asumir responsabilidades que no les corresponden». «Nosotros no vamos a dar luz verde a una prescripción enfermera; para decirlo de una manera explícita: aquí prescribe quien diagnostica», matiza en alusión a los médicos.

En la entrevista, Alonso recuerda que el grupo popular en el Congreso registró una proposición de ley para reformar la ley del aborto con el fin de que las menores no puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno, mientras espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que el PP presentó contra la ley actual. La decisión del alto tribunal marcará, según Alonso, «la necesidad legislativa y entonces es cuando habrá que dar una respuesta».

Preguntado por la posibilidad de alcanzar un pacto de estado por la sanidad, el ministro apuesta por «un pacto de estado de los hechos» porque, a su juicio, ya existe una «hoja de ruta» en la que todos los partidos «están de acuerdo» y que fue aprobada en el Congreso. Tanto en este ámbito como en el de la ley de la dependencia, Alonso asegura que aunque «la tentación» de utilizar estos temas políticamente es «irresistible», porque es lo que más le preocupa a la gente, «el que tiene la responsabilidad trabaja y hay más comprensión de la que parece».

«Yo no he venido aquí a montar broncas con la oposición; yo intento tener un buen ambiente con ellos y un clima para construir. Vamos a ver si eso es posible y lo hacemos con sinceridad», apostilla.

Galicia ya daba cobertura a este colectivo

Cuando el Real Decreto del año 2012 dejó sin el derecho a la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares -a excepción de las urgencias-, el Gobierno gallego habilitó un plan específico para dar cobertura a los simpapeles. El Programa Galego de Protección Social de Saúde Pública entró en vigor el 24 de septiembre del 2012 y dos años después se habían inscrito más de 2.100 personas. Para inscribirse en este programa es preciso llevar empadronado al menos 183 días, acreditar la falta de recursos económicos, y no tener otra vía por la que acceder a la sanidad pública.

Los inmigrantes que están inscritos en este programa reciben la misma atención que el resto de la población y cuentan con una historia clínica como el resto de los asegurados, aunque desde el Foro Galego da Inmigración lamentan que falta información y difusión para llegar a toda la población potencial.

Menores y embarazadas ya no están este programa porque tienen derecho a toda la asistencia sanitaria sea cual aunque estén en situación irregular 

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