Aprovechará el permiso de la Agencia Seguridad para sus investigaciones
18 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La Universidad de Vigo es la primera de España en recibir autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, para realizar trabajos aéreos con drones. Esto supone un cambio sustancial en el uso del drone o robot volador desarrollado en la institución académica. El aparato pesa menos de dos kilos y puede volar a una distancia de 16 kilómetros de forma automática mediante una ruta GPS diseñada por un piloto.
La aeronave de ala fija de la Unidad de Detección Remota del Centro de Apoyo Científico y Tecnológico a la Investigación, Cacti, fue adquirida el pasado año y desde entonces se dedicaba a hacer vuelos de prueba en un campo contiguo a las dunas de la playa de la Lanzada.
La autorización conseguida ahora marca la diferencia entre los robots destinados a realizar actividades aéreas y los aeromodelos o aeronaves destinadas al ocio. «Un aeromodelo es un robot volador, una máquina que cualquiera puede comprar en una tienda, pero para realizar trabajos aéreos usando una aeronave no tripulada de forma legal es necesario disponer de la autorización de AESA, explica Ramiro Álvarez, responsable del servicio de Detección Remota.
Trabajos de investigación y desarrollo, fotografía, filmaciones, levantamientos aéreos, reconocimiento instrumental que incluye calibración de equipos, exploración meteorológica, marítima, geológica, petrolífera o arqueológica, así como enlace y transmisiones son los trabajos aéreos que podrá desarrollar el drone gracias a la autorización de la AESA.
Al permiso de la Agencia de Seguridad se suma su inclusión en el registro oficial de operadores de aeronaves RPAs, por lo que el drone puede ser solicitado por cualquier investigador, empresa o particular, siempre que la zona de vuelo elegida cumpla la normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Entre otros requisitos exige lugares despoblados y seguros, tanto para volar como para el aterrizaje.
Con la autorización culmina un proceso que se inició el pasado año tras la publicación del Real Decreto que regulaba el sector de los drones. «Contactamos con la AESA para enviarles toda la documentación por partes. Por un lado la relativa a los pilotos y por otro, la de la propia operadora, que incluye un buen número de documentos, como las características de la aeronave, el estudio aeronáutico de seguridad, manuales de operación y mantenimiento o pólizas de seguro», apunta Ramiro Álvarez. Además de piloto de la aeronave, es director de operaciones y responsable de formación y mantenimiento. En su opinión, ser el primero significa estar solo y, por tanto, no tener competencia. Aunque existan numerosas operadoras privadas, los precios son demasiado elevados para investigadores universitarios.