Los condenados por violencia machista y abuso de menores no podrán ser voluntarios

El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno, que moderniza una regulación de hace veinte años, ha dejado abierta la posibilidad de aplicar también la restricción a los penados por delitos de terrorismo

 El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (c), y la ministra de Fomento, Ana Pastor (i)
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (c), y la ministra de Fomento, Ana Pastor (i)

Los condenados por violencia machista y abuso de menores no podrán participar en labores de voluntariado, según el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno para su tramitación, aunque ha dejado abierta la posibilidad de aplicar la restricción a los penados por delitos de terrorismo.

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha detallado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, junto a la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, que las leyes del Voluntariado y del Tercer Sector son un compromiso de esta legislatura y ha deseado que se aprueben y enriquezcan «con el diálogo». La nueva regulación del voluntariado permite la participación de los menores con autorización de sus padres, fomenta la de los universitarios y plantea la compatibilidad laboral con estas actividades.

Con los anteproyectos aprobados este viernes el Gobierno pretende modernizar y reforzar la acción solidaria, en la que participan seis millones de voluntarios y 30.000 entidades sociales, cuya actividad representa casi un 2 por ciento del PIB y genera 636.000 empleos. «La intención es abrir cauces que faciliten el ejercicio de la solidaridad», ha dicho el ministro.

La ley del Voluntariado actualiza una regulación de hace veinte años, dotando de cobertura legal y herramientas a esta acción solidaria, mientras que la del Tercer Sector cubre un vacío ya no existía legislación al respecto. «Se da un paso adelante muy importante y muy demandado, que correspondía a un compromiso de esta legislatura y que esperamos enriquecerlo con el diálogo y aprobarlo lo antes posible», ha señalado. Alonso ha insistido en que la nueva regulación dota de marco legal al voluntariado «libre y gratuito» y que no puede sustituir a la acción remunerada en el ámbito social.

El ministro ha señalado que los anteproyectos se han elaborado con el «esfuerzo, el diálogo y el consenso social» con las entidades del Tercer Sector y establecen órganos de participación, con el compromiso de elaborar en un año un programa de impulso de las entidades. Las entidades y los voluntarios, gracias a ambas leyes, contarán con mayor protección jurídica, cobertura legal, reconocimiento ciudadano y capacidad de interlocución con las administraciones públicas, ha insistido.

Por primera vez, la norma concreta la participación de los menores en iniciativas de voluntariado si cuentan con la autorización de sus padres o tutores legales y siempre que esas labores solidarias no perjudiquen su formación o desarrollo. Además, en los planes de estudio escolares se incluirán contenidos y referencias al Tercer Sector y a su labor en la sociedad.

Los condenados por delitos contra menores no podrán intervenir en proyectos que conlleven contacto con ellos, ni tampoco los condenados por violencia de género o por violencia doméstica podrán formar parte de programas que supongan contacto con familias, mujeres o jóvenes.

Empresas y universidades, nuevos actores del voluntariado

Las empresas podrán participar en estas acciones siempre que se adapten al interés general que define la norma y a sus proyectos se sumarán los propios trabajadores si así lo desean, aunque en ningún caso sin que ello signifique el cese del contrato.

Respecto a los universitarios, podrán apostar por acciones en los ámbitos de la sensibilización, formación o investigación, aunque estas iniciativas nunca podrán sustituir servicios a los que está obligada la administración universitaria. Además, los centros podrán establecer fórmulas de reconocimiento académico de dichas acciones de voluntariado.

Las plataformas del Tercer Sector y del Voluntariado han calificado de «pioneros y modernos» los dos anteproyectos y lo han valorado como «un gran paso para ofrecer identidad, estabilidad y garantías a las entidades sociales».

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