Andalucía, Canarias y Asturias dicen que no hay tiempo ni dinero para implantar la LOMCE en la ESO y Bachillerato

Volverán a pedir al ministro de Educación, José Ignacio Wert, que posponga su implantación


Las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias y Asturias volverán a pedir al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en la Conferencia Sectorial de Educación que se celebra este miércoles, que posponga la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) en la Educación Secundaria y en Bachillerato porque consideran que no hay tiempo ni dinero suficiente para aplicarla y que existen una serie de «lagunas».

En una rueda de prensa conjunta, el consejero de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha afirmado que el ministro puede elegir entre «hacer las cosas bien y de forma consensuada» con las comunidades o «seguir ampliando la senda de los disparates», tras haberse iniciado la implantación en tres cursos de Educación Primaria y en la Formación Profesional Básica en el curso 2014-2015.

Alonso ha criticado la «apresurada» puesta en marcha en el actual curso académico en Primaria y la «desigualdad» que, en su opinión, ha propiciado la ley entre los alumnos. Sobre la FP Básica, ha dicho que ha «fracasado en sus objetivos» y que las autonomías no han visto «ni un solo euro» de los prometidos por el Ministerio para su financiación.

Tras hacer referencia a los «errores de bulto, lagunas e incoherencias» del real decreto por el que se establece el currículo básico de Secundaria y Bachillerato, el consejero andaluz ha advertido de que las comunidades solo dispondrán de siete meses para aplicarlo, «un tiempo insuficiente». «No es una cuestión de confrontación política, sino una imposibilidad real», ha subrayado.

Costes de la reforma

Por su parte, la viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, que ha instado a Wert a «entrar en razón» y a aceptar que la LOMCE es «una reforma fallida», ha insistido en la dificultad para las comunidades de hacer frente a los costes de la reforma.

Además, los tres representantes autonómicos han denunciado el «grave precedente» que supone que una norma educativa se apruebe en Consejo de Ministros antes de que se celebre la Conferencia Sectorial, y la de Canarias ha dicho que el Ejecutivo regional se reserva el derecho a acudir a los tribunales por este «incumplimiento» del procedimiento.

Por último, la directora general de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación Educativa del Principado, Victorina Fernández, ha afirmado que en Asturias están «trabajando a marchas forzadas» en los desarrollos curriculares, pero no llegan a tiempo. Igualmente, ha asegurado que la ley tiene «serios defectos» técnicos y que entre los centros educativos y las familias se ha generado «mucha inquietud».

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