Uno de los tres curas arrestados pertenecía al tribunal eclesiástico de la diócesis de Granada. O, dicho de otra manera, formaba parte del personal de confianza del arzobispo, Francisco Javier Martínez. En el organigrama de los 38 cargos de la curia diocesana granadina ocupaba una función de responsabilidad encomendada a personas especializadas en el área del derecho canónico y era el responsable de actuar en casos vinculados con las nulidades matrimoniales. La proximidad a la cúpula jerárquica de la Iglesia granadina de este sacerdote quizás impulsó al Vaticano a encomendar una investigación paralela a la ejercida por el arzobispado, para lo cual mandó a Granada a dos sacerdotes valencianos que mantuvieron una entrevista con la víctima que denunció el caso de pederastia.
Los estrechos vínculos entre estos tres acusados es patente desde los últimos seis años. Este miembro del tribunal eclesiástico de la diócesis estaba adscrito a la misma parroquia que el principal acusado y fue sustituido en su anterior destino por el tercer sacerdote apartado de sus funciones y ahora detenido.
Por su parte, la asociación Pro Derechos del Niño de Granada (Prodeni) anunció su personación como acusación particular en la causa, tal y como hicieron en la década de los noventa «con otro caso de abusos sexuales».
La asociación Granada Laica también animó a las posibles víctimas y testigos de los supuestos abusos sexuales a denunciar los hechos.