Teresa Romero decidirá el lunes las acciones judiciales que emprenderá

La auxiliar de enfermería analizará con su abogado tres vías de actuación


Lugo / La Voz

Teresa Romero tiene previsto reunirse el próximo lunes con el equipo de abogados contratados para la defensa de sus intereses y que encabeza José María Garzón, para decidir las acciones judiciales que emprenderá, según confirmaron ayer del despacho del propio Garzón.

El equipo que dirige el letrado que representó, entre otros, los intereses de la soldado lucense Dolores Quiñoá, en su denuncia contra un teniente al que acusó de violación, planteará a Teresa Romero tres posibles líneas de actuación. Se basan en las declaraciones efectuadas por el consejero de Sanidad de Madrid; en el sacrificio de Escálibur, el perro de la pareja, y en los fallos en el protocolo de actuación del ébola, que supusieron el contagio de la profesional.

La primera de estas acciones sería una demanda civil, dirigida contra el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, por vulneración del derecho al honor y a la honra, como consecuencia de las declaraciones realizadas cuando peligraba la vida de la auxiliar de enfermería. Por ello podrían reclamarle una indemnización que oscilaría entre los 100.000 y los 150.000 euros, según confirmó Nicolás Marchal, letrado del despacho madrileño. Tienen previsto acceder al visionado de todas las comparecencias de Rodríguez.

Sacrificio del perro

La segunda propuesta que efectuará el equipo de abogados a Teresa Romero, según señaló Marchal, será una acción de responsabilidad patrimonial por el sacrificio de Escálibur, el perro de la pareja. «No hemos hecho ponderación del daño causado -señaló- porque antes tenemos que hablar con Teresa». «Sabemos -dijo- que está muy dolida, pero necesitamos que nos haga ver la entidad del daño para poder reclamarlo». «Tenemos como referencia en caso de la enfermera de Dallas, cuyo perro estuvo analizando la comunidad científica y no fue sacrificado».

Marchal explicó que la tercera propuesta depende de los datos y pruebas que consigan reunir sobre los fallos en el protocolo. Podrían ir a una acción por responsabilidad patrimonial ante la Administración o plantear un delito contra los derechos de los trabajadores.

Para conseguir datos y pruebas se están entrevistando con asociaciones y profesionales, además de con compañeros de Romero. La finalidad es constatar dónde falló el protocolo y qué pasos se dieron. Marchal adelantó que de las gestiones realizadas hasta ahora podría deducirse que no respetaron los tiempos de estancia, que la limpieza de los trajes no fue la adecuada y que utilizaron los de tipo II, cuando se necesitaban los de tipo IV.

Escuchar a Teresa

El letrado explicó que ahora lo importante es «escuchar a Teresa y conocer su opinión». Reconoció que solamente habían hablado con ella en el hospital. «Por ética profesional -dijo- hasta que no esté en el día a día, no empezaremos a trabajar». «Todos pudimos comprobar que está muy débil, que está sufriendo y que recrear los hechos no ayuda en estos momentos», añadió.

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