La inclusión implícita del supuesto de malformación en el proyecto de ley del PP enfada a los que apoyaban a Gallardón y no calma a los opositores
24 jun 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La inclusión, aunque sea indirecta, del supuesto de malformación del feto en la nueva ley del aborto que está preparando el PP ha conseguido lo insospechado: poner a toda la sociedad en contra de la ley. Los unos, porque la mujer ya no será la que decida sobre la continuación de su embarazo; y los otros, porque al incorporar lo que se denomina supuesto eugenésico, «el PP no tiene realmente claro qué es el respeto a la vida y la no discriminación de enfermos o discapacitados», según Derecho a Vivir. Solo los colectivos médicos están callados por ahora.
Desde el Gobierno se respondieron ayer vaguedades ante la filtración de que la nueva ley permitirá abortar sin tener que demostrar el sufrimiento psicológico a las mujeres si el feto tiene alguna malformación. El nuevo texto, que según algunas fuentes se verá en el Consejo de Ministros de esta semana, no especificará el supuesto de malformación fetal como despenalización, sino que tendrá una formulación similar a la violación: se parte de la base de que una mujer violada está expuesta a un daño psicológico duradero y por tanto puede abortar sin tener que demostrar ese daño.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo ayer que aún no se ha decidido nada: «Estamos en un período de estudio de los informes y una vez que están todos en posesión del Gobierno tendremos que tomar las decisiones». Ante la pregunta de si lo harán en el próximo Consejo de Ministros, no quiso concretar: «Les dije que lo aprobaríamos cuando recibiésemos y estudiásemos los informes de los consejos consultivos. Ya los hemos recibido y por lo tanto a partir de ahora el tiempo que tardemos en estudiarlos». Ana Mato, ministra de Sanidad, insistió en que el Gobierno trabaja por conseguir «el máximo consenso» de la sociedad, y Dolores de Cospedal, número dos del PP, dijo que el partido (el del Gobierno) no valorará la ley hasta que la presente el Ejecutivo.
Sin apoyos
Estas inconcreciones tienen justificación ante la avalancha de críticas a la ley. La inclusión colateral de la malformación fetal ha enfadado con el Gobierno a quienes hasta el momento eran los únicos colectivos que apoyaban la norma: los grupos pro vida, el comité de bioética y los representantes de las personas con alguna discapacidad.
De los primeros, la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, cree que esta variación «sería una demostración de que el PP no tiene realmente claro qué es el respeto a la vida» y por tanto «un paso hacia atrás». Entiende que, ya que Gallardón dio el paso a una reforma de la ley actual, «sería una pena que se quedase en algo light. Esperamos que el anteproyecto, si no se mejora, por lo menos no empeore», declaró. Y para animar a Gallardón a que «sea firme en su decisión» pondrán en marcha diferentes iniciativas porque «es un momento muy importante en la historia de España y debemos aprovecharlo».
Por su parte, el presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, dijo que incluir la malformación como un motivo sería contrario a los derechos humanos de las personas con discapacidad. La federación Cermi agrupa a asociaciones de muy diferente signo y nunca ha querido pronunciarse sobre el fondo del asunto del aborto, pero lo que sí tiene claro es que sea la legislación que sea no podría incluirse una discriminación por malformación o discapacidad. El PSOE, cuando en el 2010 amplió el plazo del aborto en caso de malformación -14 semanas es libre y hasta la 22 si hay anomalías-, explicó que lo hacía como «supuesto médico» no por discriminación.
César Nombela, rector de la UIMP y miembro del Comité de Bioética de España, también está en contra del aborto por malformación: «El concepto es variado -dijo-, la ley proclama que de acuerdo con los tratados internacionales la minusvalía no puede ser objeto de discriminación y no puede ser antes del nacimiento». Para Nombela, la idea inicial de Gallardón «refleja mucho mejor lo que debe ser una ley que respete el valor de la vida humana».
Solo Irene Lozano, de UPyD, pareció satisfecha con el cambio -dijo celebrarlo- pero sigue considerando la ley en su conjunto «un error social y político». Y la vicepresidenta primera del Congreso, la popular Celia Villalobos, lo considera insuficiente, por lo que espera que la ley «no llegue nunca al Congreso».