La acusación de aconsejar la inmunidad por interés indigna a los pediatrás
06 jun 2014 . Actualizado a las 14:37 h.Los padres, los pediatras... Y ahora también las comunidades del PP. La reclamación para que Sanidad libere a las farmacias la vacuna de la varicela, lo que permitirá a los padres que lo deseen inmunizar a sus hijos previo consejo del especialista, fuera del calendario oficial, se encontró ayer con el respaldo oficial del Gobierno de Castilla-León. Su consejero de Sanidad, Antonio Sáez , pidió por carta al departamento dirigido por Ana Mato que reconsidere su postura «ante la preocupación de los padres». En la misma línea se pronunció recientemente el conseller del área de la Generalitat Valenciana, Manuel Llombart, quien transmitió al Gobierno que la situación «está generando problemática social» y que «el ministerio debe reflexionar». Cataluña, aunque no es del PP, también lo ha reclamado.
«Sabemos que hay ciertos sectores de la sanidad pública a los que no les gusta esta situación», constató ayer David Moreno, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. «Deseamos -añadió- que el ministerio recapacite. La situación ideal sería que la vacuna entrara en el calendario oficial entre los 12-15 meses y los 3-4 años, pero si económicamente es imposible, pedimos que por lo menos se libere a las farmacias para que la compre la gente que quiera». El medicamento solo lo cubre la Seguridad Social a partir de los doce años, pero antes de que se retirara de las farmacias hasta un 50 % de los padres de niños menores de esa edad lo compraba con su propio dinero.
El presidente de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Serafín Málaga, aseguró, en el Congreso Extraordinario Latinoamericano de Pediatría, que se celebra en Madrid, que la vacuna es «moralmente obligatoria» y está justificada científicamente. Explica, en cambio, que los argumentos de Sanidad para financiar solo la vacuna a los 12 años «no están basados en datos científicos».
«Base de salud pública»
Sin embargo, fuentes del ministerio precisaron que las recomendaciones oficiales de vacunación «tienen una base de salud pública y no tienen nada que ver con consideraciones económicas». Advierten que «solo un país en Europa, Alemania, y algunas regiones italianas, tienen un programa de vacunación total». Insisten en que «la razón por la que no se vacuna al 100 % de los niños es por la incertidumbre que hay sobre la superioridad de esta pauta de vacunación sobre la otra».
Pese a este pronunciamiento, los pediatras confían en que Sanidad recapacite. Lo que sí denunciaron es la existencia de algunos responsables públicos que les acusan de tener «conflictos de intereses» al defender la vacunación. «Nosotros luchamos por la salud de los niños y ellos solo se rigen por criterios economicistas y cortoplacistas», dijo Antonio Nieto, el vicepresidente de la AEP. «¿Acaso existe un conflicto de intereses cuando un niño tiene neumonía y nosotros le recetamos penicilina?», añadió.