El euro por receta catalán es inconstitucional

La medida aprobada por el Gobierno de Artur Mas fue suspendida de forma cautelar en enero de 2013


El Tribunal Constitucional ha considerado inconstitucional el pago de un euro por receta en Cataluña, han informado fuentes jurídicas. Esta medida fue suspendida de forma cautelar en enero de 2013 por el tribunal, que en otro proceso también suspendió la misma medida que adoptó la Comunidad de Madrid.

Las farmacias catalanas dejaron de cobrar el euro por receta ese mismo mes una vez que la Generalitat recibió la suspensión cautelar de esta tasa autonómica por el Tribunal Constitucional, tras recaudar 45,7 millones desde su implantación en mes de junio del 2012. Aunque la decisión alcanzada por el Constitucional solo se refiere al euro por receta en Cataluña es seguro que la misma resolución se produzca en el recurso pendiente sobre la aplicación también de esta medida en Madrid.

El 29 de abril de 2013 el Tribunal Constitucional se pronunció ante la batalla del euro por receta abierta por dos comunidades contra el Gobierno al suspender la aplicación de este impuesto también en la Comunidad de Madrid, después de hacerlo quince días antes en Cataluña. El Gobierno recurrió los artículos 16 y 41 de la Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas de Cataluña, para impugnar dos tasas, una judicial por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de justicia, y otra sanitaria, conocida como el euro por receta. En el caso del euro por receta, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy consideró que la decisión de Cataluña vulneraba la normativa estatal prevista para garantizar las bases de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos.

En su dictamen, el Consejo de Estado entendió también que la imposición del euro por receta vulneraba el artículo 149 de la Constitución y consideró que «las CCAA no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación publica».

Acatar la decisión

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha instado a «todos los poderes del Estado», entre los que ha citado el Gobierno central y los Ejecutivos autonómicos, a acatar la decisión del Tribunal Constitucional. Al ser preguntado en los pasillos del Senado, el ministro ha afirmado que en este momento no ha leído la sentencia y solo conoce el fallo dado a conocer por los medios de comunicación. «La valoración jurídica se podrá hacer cuando conozcamos cuáles son los razonamientos que ha utilizado el Tribunal Constitucional», ha añadido.

Sin embargo, Gallardón ha enfatizado que, al margen de esa valoración jurídica, «lo importante» es que en un Estado de Derecho «todos sepamos que lo que nos condiciona a todos es la Constitución» y ha recordado que el órgano dedicado a interpretar la Carta Magna es el Tribunal Constitucional y, por ello, es obligado acatar sus resoluciones. «Como en todos los casos en que se pronuncia el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, lo que tenemos que hacer todos los poderes del Estado, tanto del Gobierno de la nación como los Ejecutivos autonómicos, es acatar las resoluciones y estar a lo que diga el Tribunal Constitucional», ha concluido.

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