El Algarrobico resiste el paso de 10 años y cuatro ministros

La última sentencia dicta que el suelo donde se asienta el hotel es urbanizable

Greenpeace ha recurrido el fallo de TSJA ante el Tribunal Supremo.
Greenpeace ha recurrido el fallo de TSJA ante el Tribunal Supremo.

madrid / efe

Diez años y cuatro ministros ha resistido sin ser demolido el hotel El Algarrobico, cuyo caso está envuelto en una maraña de recursos judiciales que de momento frenan el derribo de esta construcción levantada en una playa de Carboneras (Almería).

El último en despedirse sin poder ver su voladura ha sido Miguel Arias Cañete, quien durante su mandato como ministro llegó a decir que no veía su foto con casco y piqueta, pero que esperaba contratar una gran empresa con explosivos cuando los tribunales dieran el permiso.

El «dolor de cabeza» que este hotel de la promotora Azata ha supuesto para los políticos comenzó cuando la socialista Cristina Narbona era ministra de Medio Ambiente (2004-2008). El pasado mes de abril, Narbona puntualizaba que el hotel tenia permiso de obras dos años antes de su llegada al departamento y que se iniciaron cuando todavía no se había hecho el deslinde que marcaba la ley.

«Intenté persuadir al promotor y al Ayuntamiento de que se modificase el proyecto, con un retranqueo factible en ese momento, advirtiéndoles de que, de seguir adelante con el proyecto inicial, cuando el deslinde definitivo estableciera una franja de 100 metros, el hotel incumpliría la Ley de Costas y el ministerio estaría legitimado para actuar».

Lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo, y la obra siguió adelante sin ninguna modificación, añadió Narbona, tras apuntar que antes de terminar aquella legislatura, habían alcanzado un preacuerdo con el promotor para llevar a cabo una permuta que permitiría su «demolición íntegra».

A Cristina Narbona le sucedió en el ministerio otra política socialista, Elena Espinosa (2008-2010). Durante ese período su departamento se defendió de las acusaciones de pasividad con este asunto vertidas por Greenpeace. Su ministerio explicó entonces que se mantenía en permanente contacto con la Junta de Andalucía y ponía de relieve su voluntad de colaborar para proceder al derribo en cuanto culminara el procedimiento judicial en curso.

«Acuerdo pleno»

Pero el hotel seguía en pie cuando Espinosa dejó el cargo en manos de Rosa Aguilar (2010-2011). Aguilar también declaró que existía un «acuerdo pleno» con las ONG ecologistas para demolerlo, pero de nuevo salían a colación los tribunales, y matizaba que había que esperar a que la Justicia resolviera el contencioso.

El pasado martes durante el acto de entrega de su cartera a la nueva titular del departamento, Isabel García Tejerina, Arias Cañete recordó que el caso seguía pendiente de sentencias. En ese sentido, señaló que tal vez durante la etapa de su sucesora se pudiera llegar a la fase procesal que haga cumplir la ley «en el sentido que deseamos».

La última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictamina que el suelo donde se asienta el hotel es urbanizable.

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