Tras más de 90 días en el extranjero, al regreso a España hay que solicitar el permiso para poder utilizar los servicios sanitarios públicos
18 ene 2014 . Actualizado a las 21:26 h.El Gobierno central calcula que unos 225.000 españoles se han marchado al extranjero en lo que va de crisis, una cifra que aumenta hasta los 700.000 según un trabajo de la investigadora del CSIC Amparo González-Ferrer. Muchos de estos están en Europa de forma precaria, sin paro, sin trabajo y subsistiendo con lo ahorrado o con lo que reciben de su familia. Ellos serán los grandes afectados por el reajuste que el Gobierno ha hecho de la tarjeta sanitaria en el exterior: tras 90 días sin cotizar y estando fuera de España se pierde el derecho a la cobertura sanitaria. Si el destino es fuera de la UE, la cobertura sanitaria se pierde desde el primer día.
¿Qué significa? Dos cosas, una política y otra práctica. Esta última supone que en caso de un problema de salud, no se tendrá derecho a la atención médica -excepto que el país en el que resida sí lo contemple-; en cuanto a la parte política, según el PSOE, indica que el Gobierno prefiere recortar derechos a establecer controles.
Una vez que la persona en cuestión regresa a España tras 90 días fuera, tendrá que solicitar nuevamente la tarjeta sanitaria, es decir, meterse en un entramado burocrático que antes se evitaba por el mero hecho de ser español y volver a su país.
Hasta ahora, el español que salía del país a otro de la UE se sacaba la tarjeta sanitaria europea, que podía usar en el destino y renovar cada año o dos años. No había un control de tiempo máximo, aunque la residencia fiscal española se pierde tras seis meses fuera del país. Este limbo normativo era aprovechado por algunos extranjeros que, meses después de dejar de cotizar en España, suponían un coste sanitario por servicios solicitados en otros Estados -que pasaban la factura del tratamiento a España-. Esto es lo que quiere combatir el Ministerio de Sanidad, además de recordar que según los reglamentos europeos, la libre circulación de personas tiene una pequeña limitación: no convertirse en una carga excesiva para el país receptor. Por eso se establece el máximo de 90 días.
Esta visión del ministerio no puede ser más diferente a ojos del PSOE. Según los socialistas, el cambio «es un ataque que quita derechos y se ceba con los más débiles y vulnerables de la sociedad, pues afecta a quienes se han visto abocados a emigrar».