Clínicas de aborto lusas preparan el desembarco de las españolas

La viguesa Castrelos estudia mudarse a Portugal cuando se apruebe la ley de Gallardón


Redacción / La Voz

El 82,4 % de las interrupciones voluntarias de embarazos (IVE) que se realizaron en Galicia entre el 2010 y el 2012 fueron «a pedimento da muller», según los datos del Sergas. Pero el anteproyecto de la nueva ley del aborto prohíbe ese supuesto, lo que significa que ocho de cada diez interrupciones practicadas en la comunidad serán inviables con la nueva norma. En el conjunto de España, el dato fue del 91,26 % el año pasado.

La prohibición será un problema evidente para muchas clínicas privadas especializadas en IVE, que perderán a buena parte de su clientela, agravado por el hecho de que ahora se les va a impedir publicitarse. Entre las afectadas está la viguesa Castrelos, con más de veinte años de dedicación. «Tal y como está redactado el anteproyecto, la nueva ley nos obliga a desaparecer ?resume el ginecólogo Elías García?. Somos seis personas en la clínica ?prosigue?, vivimos de nuestro trabajo y una de las alternativas que voy a plantearles es la posibilidad de instalarnos en Portugal, porque aquí no podremos ni anunciarnos, como si fuésemos ilegales».

El país vecino puede ser el principal beneficiario de las restricciones en España. En el 2007, los portugueses aprobaron en referendo una ley que permite el aborto libre hasta la décima semana de gestación (hasta la 16.ª por violación y hasta la 24.ª por malformación del feto). Pues bien, clínicas privadas portuguesas ?algunas, filiales de sociedades españolas? tienen ya sus páginas web traducidas al castellano, ofrecen todo tipo de facilidades y se preparan para recibir un aluvión de pacientes del otro lado de la frontera.

En Multimédica Lusa, a un paso de Salamanca, confirman que «las españolas están llamando para informarse». Su servicio en Internet detalla con precisión cómo es el proceso legal en ese país y especifica: «Todas las mujeres que lo soliciten tienen los mismos derechos para abortar, independientemente de su país de origen».

Estos centros no excluyen a nadie y a las ciudadanas de la UE solo se les pide el documento de identidad. La intervención se hace por aspiración, dura unos treinta minutos y la estancia hospitalaria es de unas cuatro horas en condiciones normales.

Para la responsable de Comunicación de la madrileña Dator, «Portugal se va a convertir en la nueva Londres», solo que varias décadas después. «Las españolas que puedan permitírselo pagarán el aborto allí o en Francia y las demás lo harán de forma clandestina, lo que aumentará la tasa de morbilidad, como sucede en todos los países con leyes restrictivas».

El ginecólogo Enrique Segrelles, director médico de la coruñesa ARCE, va más allá en esta apreciación: «La mujer que no quiera ser madre, no lo será, así que el número de interrupciones seguirá siendo el mismo, pero las clínicas bien dotadas se van a quedar en stand by, con los casos más claros, y el resto de las embarazadas se irán a la clandestinidad, lo que las sitúa a la altura de las iraníes gracias a esta nueva ley».

Segrelles advierte incluso sobre un «probable» aumento del número de abortos por «el retroceso» en la educación preventiva de los jóvenes, «con la supresión sobre todo de la asignatura de Educación para la Ciudadanía». Y recuerda que, en Galicia, el número de IVE bajó un 12 % el año pasado «gracias a la labor informativa de los centros de orientación familiar y de las propias clínicas».

Carmen Veira, gerente de ARCE, lamenta que la mujer «quede tutelada, como los menores de edad», y advierte sobre la alternativa portuguesa: «Nos tememos que no todos los centros están acreditados legalmente, y Portugal no es Londres».

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