Legalización o despenalización, una apuesta por el mal menor


Redacción / La Voz

La despenalización del uso y consumo de los derivados del cannabis es una vieja demanda de personas e instituciones de distintos ámbitos, nada sospechosas de tener intereses en el negocio y no faltas de sensibilidad hacia la cuestión de la salud pública, el argumento más socorrido de los prohibicionistas. La estrategia seguida por Uruguay solo es una de las posibles para afrontar una cuestión en la que hasta la fecha el factor dominante ha sido la hipocresía y el cinismo.

La legalización está tomando fuerza en América. En Europa el tema sigue siendo tabú entre la clase política comunitaria, pero la tendencia más generalizada pretende avanzar hacia una regulación que evite castigar al consumidor y al mismo tiempo permita combatir el tráfico ilícito. El principal logro de estas políticas, según los expertos del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, es que no hay personas en prisión por consumo o posesión de drogas de uso personal.

Europa optó por la regulación y no por la legalización, debido que se trata de una vía que no presenta obstáculos constitucionales ni jurídicos, ya que la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 establece que cada Estado podrá o no tipificar como delito penal la posesión de drogas para el consumo personal.

Puertas al campo

Con esta estrategia se resuelve solo una parte del problema: no se llenan las cárceles de porreros, pero se mantiene vivo el comercio ilícito desde los países productores hasta los mercados donde se consume el producto. La represión del tráfico en Europa es poner puertas al campo. El único resultado concreto que ha conseguido ha sido el fomento de la industria de la producción interna, que a medio plazo puede tener efectos más nocivos que la importación, ya que el producto obtenido suele tener mayor carga tóxica.

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