La adjudicación a varias empresas de la gestión de los centros ha supuesto diez meses de conflicto en la sanidad pública madrileña
19 ago 2013 . Actualizado a las 20:30 h.Con la adjudicación a varias empresas de la gestión de seis hospitales de Madrid, culmina un proceso que ha supuesto diez meses de conflicto en la sanidad madrileña desde su anuncio, con un total de 22 jornadas de huelga que han provocado la suspensión de 8.000 cirugías y 76.000 consultas.
La Consejería de Sanidad ha adjudicado hoy al grupo puertorriqueño HIMA San Pablo la gestión de tres hospitales (Infanta Sofía, Infanta Cristina y el del Tajo), tras la concesión la semana de otros tres: el del Henares, a Sanitas y los hospitales del Sureste e Infanta Leonor al grupo Ribera Salud.
La externalización, que para la oposición política, los sindicatos y otros colectivos constituye una privatización del servicio, se ha convertido en el mayor conflicto sanitario en décadas.
Así, en noviembre comenzó una oleada de encierros de trabajadores y usuarios en los centros de la región, en protesta por las medidas del Plan del gobierno madrileño para garantizar la sostenibilidad del sistema, entre ellas la externalización de seis hospitales.
Una medida de ajuste que suscitó el rechazo unánime de los sindicatos y plataformas de trabajadores y que se tradujo en veintidós días de huelga entre el 26 de noviembre y el 4 de junio, además de numerosas manifestaciones de la «marea blanca» de sanitarios que recorrían cada mes el centro de la capital.
Frente a ello, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, defendió en todo momento este ajuste como medida para garantizar la viabilidad del sistema y lo vinculó al descenso en 1.000 millones en los ingresos que Madrid percibe del Estado este año, por el «injusto» modelo de financiación autonómica.
Unos argumentos que no han convencido a las plataformas y asociaciones de trabajadores y vecinos, que llegaron a reunir casi un millón de firmas contrarias a la externalización y a organizar una «consulta popular» para que los madrileños se pronunciasen sobre la medida.
En los últimos meses, los sindicatos CC. OO., Amyts, CSIT y AFEM, así como los partidos de la oposición (PSM, IU y UPyD) han interpuesto recursos administrativos y judiciales contra los pliegos del concurso, algunos todavía pendientes de resolver.
Entre ellos el del Ayuntamiento de Parla contra la externalización del hospital Infanta Cristina, admitido a trámite el 6 de agosto, y que difiere de los anteriores en que el Ejecutivo local argumenta que cedió suelo municipal para la construcción de un centro público.
Con la adjudicación de todos los hospitales previstos se inicia una serie de reuniones entre el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y las empresas concesionarias para hacer efectivo el traspaso de la gestión, que podría ser una realidad a finales de septiembre.
Una de los principales escollos a tratar es el plan de movilidad de los 5.200 médicos, enfermeros y auxiliares que trabajan en estos centros, unos empleos que las adjudicatarias se han comprometido a mantener.
El departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty recuerda que, en virtud de ese acuerdo, los funcionarios podrán elegir entre continuar en estos hospitales o solicitar su traslado a otro centro público.
En su comparecencia ante la Asamblea de Madrid hace un mes, Lasquetty subrayó que los centros externalizados seguirán ofreciendo una asistencia «universal, gratuita y de calidad», y que las adjudicatarias asumirán las mismas líneas estratégicas de la Consejería, además de implantar mejoras en los centros.
«Todos se comprometen a prestar todos los servicios y actividades sanitarias que hasta el momento de la adjudicación están siendo prestados en cada hospital y en sus centros de especialidades», remarcó Lasquetty, quien advirtió de que las concesionarias serán sometidas a un «control exhaustivo» de la calidad asistencial.
La externalización de la gestión sanitaria está incluida en las medidas de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos regionales, que fue aprobada en la Asamblea de Madrid en diciembre pasado.
Los hospitales externalizados en este proceso se suman a los otros tres ya existentes en la Comunidad de Madrid: el Infanta Elena (Valdemoro), el de Torrejón y el Rey Juan Carlos (Móstoles), cuya gestión, según las encuestas realizadas, cuentan con la satisfacción del 95 por ciento de los usuarios.