Las comunidades no quieren asumir solas el coste indirecto de la Lomce
10 may 2013 . Actualizado a las 12:31 h.El ministro José Ignacio Wert y su equipo decidieron a última hora de ayer retrasar al menos una semana la presentación de la Lomce al Consejo de Ministros, lo que daría pie a su tramitación parlamentaria.
Los integrantes de la plataforma que convocaron la huelga y manifestaciones se atribuían ayer mismo la decisión de Educación, pero la versión del ministerio es que se están estudiando «detalles técnicos» de la ley.
Hay dos aspectos que intentan limar al máximo: por una parte está la memoria económica, ya que si bien los costes directos de la ley los paga el ministerio -las reválidas-, los indirectos -duplicar 4.º de la ESO para bachillerato y FP- corren a cuenta de las comunidades; por otra, se estudia cómo afrontarán las autonomías la situación de los alumnos que quieran la clase en castellano y no puedan hacerlo en la escuela pública o concertada local.
La asignatura de Religión, junto a su alternativa, y la eliminación de Educación para la Ciudadanía -que se convertirá en contenido transversal- son otros de los asuntos sobre los que se negociaba ayer en los pasillos del Congreso.
La búsqueda de apoyos no significa que el Gobierno haya claudicado ante las movilizaciones y así recalca que la huelga de ayer es política. Es la consigna del PP cuando se habla del paro, que a nivel nacional se cifró en el 70 % según los convocantes -la Plataforma Estatal en Defensa de la Enseñanza Pública- y en el 20 % según la Administración.
Para la consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, fue una movilización «política» y secundada solo «por los de siempre». Frente a esto, la oposición, de la mano del secretario de formación del PSOE, Rafael Simancas, lo tenía claro: «Los jóvenes españoles no necesitan más avemarías ni padrenuestros, sino más recursos para tener una educación de más calidad y equidad».