Médicos y letrados consideran «regresivo» y «al servicio de la Iglesia» el proyecto de Gallardón, criticado también por grupos provida
17 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Unas horas después de que el papa y Rouco Varela le repasasen el Catecismo a Mariano Rajoy, el ministro de Justicia entregó en sacrificio su proyecto de reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que, una vez más, ha retratado a las dos Españas: la que esgrime contra la ley los derechos de la mujer y la que suscribe la norma por los del no nacido.
Solo que en esta ocasión son las dos Españas las que se han soliviantado contra el ministro y su llamativo anuncio. Unos lo consideran «regresivo y al servicio de la Iglesia». Otros, como el colectivo Derecho a Vivir, inconveniente tras «demasiadas palabras y muy poca concreción».
Poco se puede escarbar en planteamientos éticos, religiosos e ideológicos, en los que nadie dará el brazo a torcer, pero médicos y letrados critican también aspectos técnicos de la propuesta de Ruiz-Gallardón. Y desde luego, casi todos dudan de que se incluyan finalmente en la norma todos esos cambios, que ven «en el aire». En el Ministerio de Justicia, ayer, desconocían los detalles del proyecto, del que no ha trascendido anteproyecto ni articulado.
¿Constitucional?
Ninguna mujer podrá abortar en España sin una causa tipificada. Se acabaron los plazos. Para abortar habrá que acreditar uno de los motivos que precise la ley. Y la conclusión, en opinión del sociólogo y legalista Ignacio Bermúdez de Castro, es que «la gente con recursos volverá a hacerlo en el extranjero, como hace años», mientras los que no tienen dinero «se verán privados de esa oportunidad». Por eso considera que la nueva ley «vulneraría el artículo 14 de la Constitución», que dice que todos los españoles «somos iguales ante la ley», sin distinción de sexo, religión o clase social. En ese sentido entiende que, «aun siendo constitucional la futura norma», rozaría «la ilegalidad» por ese artículo.
Regresión
La ley volvería a una fase anterior a 1985. Los plazos para abortar aparecen en la ley de 1985. Prescindir de ellos es, para el ginecólogo Enrique Segrelles «una regresión y una barbaridad» que aleja a España de lo que rige en todos los países de su entorno, «incluidos los gobernados por la derecha, como Portugal, donde se conceden diez semanas cronológicas». Argumenta que «nadie aborta por placer» y que para la mujer supone un trauma psíquico muy fuerte. Por eso es «imprescindible» un período de reflexión para que tome la decisión adecuada. Segrelles ve más razonable «un debate sobre los plazos», mientras Bermúdez de Castro considera que no se puede reformar una ley «al servicio de la Iglesia».
Serias dudas
Sin articulado por ahora. El ministro anunció la tramitación de la ley de forma inminente, pero el letrado tiene «serias dudas» de que el texto final incluya «todos esos cambios» por el «costo en votos» que tendría para el PP. La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, satisfecha con el contenido de la futura ley, mostró sin embargo ciertas dudas: «Han sido demasiadas palabras, promesas y gestos, pero muy poca concreción».
Autorización a menores
Sí hay consenso sobre la necesidad de que los padres estén informados. Es «incongruente» que la edad legal para unas cosas sean los 18 años, «y para otras, los 16», argumenta Bermúdez de Castro, que alerta sobre la «falta de seguridad jurídica» para la ciudadanía, pues «cuando llegue el PSOE al poder volverá a cambiar la ley».