El limbo legal del cannabis

El Parlamento reabrió esta semana el debate de la regulación del cultivo y venta de esta droga, que aún carece de un marco legislativo claro


Redacción / La Voz

La despenalización del cultivo y venta del cannabis, así como su consiguiente regulación como primer paso para la revisión del viejo y fracasado discurso de la guerra contra las drogas, es un tema que está generando un fuerte y sólido debate en distintos foros internacionales y nacionales y que ya que ha sido sometido a referendo en diferentes estados de EE.UU. con resultados desiguales.

España no es ajena a este fenómeno. Es uno de los países con mayor tasa de consumo en la Unión Europea. Algo más del 10 % del conjunto la población se declara consumidora, porcentaje que se eleva al 23 % entre los jóvenes. El volumen de negocio estimado en el 2009, incluyendo el tráfico minorista, era de 2.691.575 926 euros.

El debate, que ya se planteó el año pasado en el Parlamento vasco, llegó esta semana al Congreso de forma precipitada con planteamientos sesgados, a través de una interpelación urgente presentada por el diputado Alfred Bosch, de Esquerra Republicana, quien anunció que presentará en breve una moción sobre el tema que incluye la creación de un grupo de trabajo para estudiar la regulación de la producción, distribución y consumo del cannabis en España.

La único que quedó claro en el debate del miércoles fue que el ministro interpelado -Ruiz Gallardón- nunca ha fumado porros, ni siquiera cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid, con el profesor Tierno Galván como alcalde, el que llegó a decir que «el que no esté colocado que se coloque».

La interpelación de Bosch, se centró en el impacto económico y fiscal sobre la legalización y consumo del cannabis que, según sus datos, reportaría al Estado unos beneficios anuales de 6.000 millones de euros, de ellos más de 200 en concepto de IVA. Pero el ministro le replicó con un discurso sobre la vertiente jurídica de la cuestión en el que recitó las alusiones que hace al tema el Código Penal de 1995 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sin mencionar para nada que penaliza el cultivo y tráfico de drogas ilícitas, pero no el consumo ni la tenencia para uso personal.

Regulación

Esta regulación y la jurisprudencia del Supremo, que fija los requisitos de lo que denomina «consumo compartido», propiciaron la creación de un limbo jurídico que ha dado pie a que en los últimos años hayan surgido centenares de asociaciones de consumidores, la mayoría en Cataluña y País Vasco, agrupadas en una federación nacional, que promueve el cultivo para el autoconsumo y demanda un marco legal claro, ya que hay sentencias absolutorias con más de 200 plantas incautadas y condenatorias con una sola.

Frente a esta realidad, Gallardón solo se mostró dispuesto a abrir un debate sobre los efectos nocivos para la salud, que no incluye su uso con fines terapéuticos, que ya es legal en 17 estados de la Unión Americana.

Una discusión mundial pendiente de que la ONU revise su postura

El cannabis es una droga utilizada desde hace más de 4.000 años con fines industriales, terapéuticos, sacramentales y recreativos. Su estatus ilegal data del año 1961 al ser clasificada en la Convención Única de Estupefacientes de la ONU, a instancias de la OMS, como una sustancia «con gran potencial de abuso, nulo interés terapéutico, cuyo uso supone graves riesgos para la salud». Esa resolución de Naciones Unidas es lo que sirve de coartada a los estados -también a Gallardón- para negarse a su legalización.

En ese contexto, países como Holanda toleran su consumo desde hace décadas, sin regular la producción y tráfico. Portugal despenalizó el consumo hace una década

En EE.UU. el uso terapéutico está normalizado en 17 estados. En Washington y Colorado acaban de legalizar su uso recreativo y en Uruguay debaten su legalización plena, con monopolio estatal de la producción y venta.

Un negocio muy rentable para las mafias

Su clasificación desde hace más de medio siglo como droga ilegal no impide que el cannabis siga siendo la sustancia más producida y consumida en el mundo. Según las estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Unodoc), la consumen entre 129 y 191 millones de personas en el mundo o, lo que es lo mismo, casi el 5 % de la población mundial. Aunque pudiera parecer que el consumo está en declive en algunos de los mercados más importantes, en otros va en aumento.

Los expertos advierten que el descenso del volumen de incautaciones -en el caso español del 7,39 % en el 2011, que son los últimos datos oficiales disponibles- no es un indicador del descenso de consumo, especialmente en Europa, ya que en los últimos años no han dejado de aumentar la producción interna mediante el cultivo de interior o bajo techo, con menores riesgos de detección y un mayor rendimiento, lo que permite la obtención de varias cosechas en el mismo año y con mayor concentración del principio activo.

La legalización de esta producción perjudicaría fundamentalmente a las mafias de delincuentes organizadas que abastecen el mercado, tolerado en los países centroeuropeos, y que son las que han controlando desde siempre este suculento negocio que, dentro del tráfico de drogas, es el que mueve más dinero con menor riesgo. Las penas de prisión por tráfico de hachís o marihuana son muy inferiores -un máximo de seis años- a las del tráfico de cocaína o heroína. En muchos casos sirve para financiar operaciones de tráfico de las denominadas drogas duras.

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