Más de 41.000 fallecidos se beneficiaron de la dependencia

david valera MADRID / COLPISA

SOCIEDAD

El informe critica la falta de coordinación entre las diferentes Administraciones.
El informe critica la falta de coordinación entre las diferentes Administraciones. AFP< / span>

El Tribunal de Cuentas revela graves negligencias en la gestión de la ley

28 ene 2013 . Actualizado a las 11:53 h.

Era un secreto a voces, pero ahora el Tribunal de Cuentas (TC) ha confirmado y puesto cifras a la pésima gestión de la ley de dependencia. La absoluta descoordinación entre las Administraciones autonómica y central tuvo su principal reflejo en la falta de actualización de la base de datos de dependientes y supuso un importante perjuicio al erario público.

El TC, en un informe preliminar que fiscaliza los aspectos económicos de la normativa entre los años 2007 y 2011, enumera las principales negligencias: «Se ha detectado información no actualizada, existencia de beneficiarios fallecidos, duplicidades, DNI incorrectos, falta de homogeneización de datos entre las comunidades autónomas y retraso en la comunicación de la información». En su análisis, el organismo descubrió que hasta 41.224 dependientes fallecidos permanecían todavía en los registros como beneficiarios de ayudas. Otros 1.363 expedientes estaban duplicados y 3.115 personas recibían una prestación superior al máximo permitido. Todos estos defectos tuvieron un coste superior a 175 millones de euros para el Estado.

En el demoledor informe, en fase de alegaciones, las amonestaciones más graves hacen referencia a la aplicación informática Sisaad, es decir, la base de datos donde deben figurar todos los beneficiarios de la ley.

«El Tribunal detectó a numerosas personas fallecidas que, sin embargo, se encontraban registradas en la aplicación informática como beneficiarias de prestaciones», denuncia el documento. Esto no significa que las familias de los dependientes muertos siguieran recibiendo la prestación. Por el contrario, la mayor parte del dinero se quedaba en las comunidades autónomas.

De hecho, el informe critica la «falta de comunicación» de los decesos por parte de los Gobiernos regionales provocando «la obtención de una financiación indebida». Y es que el Estado, a través del Imserso (órgano encargado de gestionar las ayudas), continuaba pagando a las comunidades su parte correspondiente a la prestación. Sin embargo, el TC también denuncia la «ausencia de un adecuado control interno por parte del Imserso como responsable de la aplicación informática, así como de su mantenimiento y actualización».

El Ministerio de Ana Mato reconoció durante el último Consejo Interterritorial de Dependencia, en enero, la existencia de 30.000 dependientes fallecidos registrados. Sin embargo, el número que desvela el Tribunal de Cuentas es muy superior. El total, hasta el 30 de abril del 2011 ascendía a 41.224 personas. El Imserso dio de baja a 29.169 personas a instancias del TC y logró recuperar -que las comunidades autónomas devolvieran- 140 millones de euros por las «liquidaciones efectuadas indebidamente».

Pero además, el TC detectó a otras 12.055 personas por las que el Imserso «seguía pagando indebidamente a las comunidades autónomas» unos 29 millones de euros. Un dinero aún por recuperar.

El TC también detectó 1.363 expedientes duplicados, generando un doble abono en las autonomías que ha sido cuantificado en 5,2 millones de euros.