El Gobierno asume el cierre de la central nuclear de Garoña


El Gobierno no accede al «pulso» planteado por Nuclenor, sociedad compuesta por Iberdrola y Endesa a partes iguales para la explotación de Garoña, y asume que la central núclear cerrará en verano del 2013. La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, ha afirmado hoy que el Ejecutivo no tiene que llevar la iniciativa en el cierre de Garoña, sino que es su empresa propietaria, Nuclenor, la que ha cambiado de opinión y la que tiene dar explicaciones.

Saénz de Santamaría ha manifestado que en el Ejecutivo no ha cambiado «nada» en relación a la central burgalesa. Ha recordado que Nuclenor pidió una prórroga de la vida útil de Garoña y consiguió un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, a continuación, el Gobierno revocó parcialmente una orden ministerial de Industria para hacerlo posible. Sin embargo, ha subrayado, «ahora dicha empresa considera que puede no estar interesada en esa renovación». Por tanto, el Gobierno «en esto no tiene que llevar la iniciativa; la empresa ha cambiado de opinión y, por tanto, debe ser quien explique ese cambio de postura, al menos, a sus accionistas».

Al no solicitar Nuclenor dentro del plazo establecido por la ley, la central nuclear debería cerrarse en julio del 2013.

Administraciones de Castilla y León cierran filas

Las administraciones de Castilla y León han cerrado filas para pedir el mantenimiento de la central de Garoña más allá del 2013. Tanto el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago, como el de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, han pedido al Gobierno que acelere el proceso para aclarar el futuro del sector eléctrico.

El portavoz del Gobierno autonómico ha llegado a asegurar que nunca se han planteado cobrar una «ecotasa» a la planta de Garoña.Mientras tanto, el alcalde del Valle de Tobalina, Rafael González Mediavilla, ha considerado que sería «catastrófico» para la zona el cierre de la nuclear en el 2013, que supondría que 780 trabajadores, muchos vecinos de la zona, quedarían en paro y los ayuntamientos dejarían de cobrar los impuestos que pagan Garoña y las empresas que dependen de ella directa e indirectamente.

Según cálculos que hace el sector energético la no continuidad de Garoña tendrá un impacto directo en la factura de la luz, impacto que estiman en una subida del 8 %. Estiman que el coste de generar los 4.000 gigavatios por hora de media anual que produce esta planta nuclear podría pasar de los 160 millones de euros actuales a los hasta 1.320 millones de euros, si se sustituye su producción con la de instalaciones termosolares o fotovoltaicas. La diferencia, esos 1.160 millones de euros, irían, entienden en el sector, al contribuyente.

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