Si algo nos está revelando esta crisis es la ignorancia de nuestros gobernantes, tanto de los que estuvieron como de los que están. Y aunque hay que dar tiempo antes de juzgar sus decisiones, hay cosas con las que debemos ser intransigentes.
Ayer saltó la noticia de un plan del Gobierno para cobrar a los inmigrantes 710 euros para tener acceso a la sanidad pública, y hasta 1.864 euros en el caso de los mayores de 65 años. Dejando a un lado las críticas desde el punto de vista social, en el plano sanitario esta medida debe ser rechazada porque estamos favoreciendo las epidemias del futuro.
Uno de los grandes avances de la medicina ha sido la adopción del concepto ecológico de población. Un ejemplo: cuando usted va al médico y le pide unos antibióticos, este, si es un buen médico, no se los recetará a no ser que la causa sea justificada. El motivo es que la administración inadecuada de antibióticos provoca, a la larga, una resistencia en las bacterias que traería consecuencias negativas a la población en el futuro. Así, el médico antepone el bien común al interés individual del paciente.
Estamos asistiendo a una negligencia sanitaria de libro en la que, por motivos económicos, se priva del acceso al sistema nacional de salud a un colectivo que se verá obligado a padecer sus enfermedades a su suerte, como si se tratara de leprosos medievales, y es probable que se automediquen, con el consiguiente riesgo para el resto de la población. A las medidas sanitarias no se les debe levantar un muro de Berlín. En un país donde vacunamos a las mascotas para que no se conviertan en reservorios de infecciones, ¿qué sentido tiene privar a las personas del acceso a los servicios sanitarios?