Críticos a la nueva ley advierten de una privatización subrepticia
23 abr 2012 . Actualizado a las 20:30 h.Cada familia británica gasta 5.390 euros anuales en asistencia médica. O más bien lo hace en su nombre el Servicio Público de Salud (NHS), financiado casi en su totalidad por los impuestos y creado en 1948. En el momento de su fundación, el gasto sanitario suponía el 3 % de la renta nacional y ahora representa cerca del 9 %.
Tienen derecho a medicamentos gratuitos mayores de 60 años, estudiantes, mujeres embarazadas o personas que reciben subsidios sociales. Los demás pagan 8 euros por cada medicina recetada o 115 por un cupón anual. Salvo en las autonomías de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que las han declarado gratuitas.
Los políticos a cargo de la sanidad pública desayunan con titulares como uno reciente del siempre flamígero Daily Mail que se escandalizaba porque un medicamento para extender 15 meses la vida de enfermos de cáncer de próstata, rechazado por el organismo supervisor en Inglaterra por su alto precio (40.000 euros por el tratamiento), sea recetado gratuitamente en Gales.
El actual Ejecutivo de coalición entre conservadores y liberal-démocratas ha pasado un año de complejas negociaciones para aprobar la nueva ley de sanidad y servicios sociales con una reforma radical en busca de ahorro y eficacia. La doctora Jennifer Dixon, del Nullfield Trust, ente independiente de estudio sobre la sanidad, afirma que hay que encarar «el mayor ajuste del gasto [sanitario] en su historia hasta 2015».
Los laboristas de Tony Blair incrementaron el gasto del NHS en los años de bonanza el 5,7 % anual por encima de la inflación. El nuevo primer ministro, David Cameron, contrarrestó la asociación de su partido con el abandono anterior del servicio público prometiendo que mantendría aumentos del gasto. Cuando presentó el plan presupuestario plurianual, cumplió su promesa para los primeros años, pero ahora se necesitan cerca de 25.000 millones de ahorro. Dixon cree que en estas condiciones hace falta preguntarse si el NHS debe ofrecer operaciones de corazón a fumadores o de cirugía estética: «Negar tratamientos es una realidad en cada sistema sanitario del mundo».
Un organismo central supervisará la calidad general del NHS, otro alentará la competencia de esa simulación de mercado interno y un instituto nacional, creado por los laboristas, analiza medicamentos y tratamientos y dictamina cuáles son los más apropiados según su coste y efectos.
La ley es muy criticada por los colegios profesionales. El temor es que marca un paso hacia la privatización subrepticia del NHS. Porque los médicos de cabecera forman y gestionan sus consorcios con la ayuda de empresas privadas, que están adquiriendo total o parcialmente clínicas y hospitales.