El Gobierno cede a la presión de los internautas y de los diputados socialistas más críticos
03 dic 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El Gobierno saliente formateó ayer el disco duro de la ley Sinde durante un Consejo de Ministros de alto voltaje en el que el desacuerdo impidió sacar adelante una norma antipiratería que superó el trámite parlamentario en febrero y que recibe ahora un golpe mortal.
Hay luces y sombras sobre lo que sucedió realmente durante el Consejo porque el portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco, no quiso revelar detalles y zanjó el asunto al decir que esas deliberaciones son «reservadas y secretas». Pero lo cierto es que la disparidad de criterio en las filas socialistas se tradujo en una incapacidad para aprobar el reglamento de aplicación. «La ley quedó encima de la mesa», resumió Blanco, a pesar de que Ramón Jáuregui, ministro en funciones de la Presidencia, anunciaba horas antes su aprobación inminente.
Falta una última sesión del Consejo de Ministros antes del cambio de Gobierno, el día 16, pero ahora parece casi imposible la aprobación de esta norma, destinada a frenar las descargas ilegales en Internet y que cuenta también con el apoyo del PP.
Lo que es evidente es el desencuentro en las filas socialistas, después de que las diputadas Elena Valenciano y María González Veracruz, esta última, responsable de Nuevas Tecnologías en la Ejecutiva Federal del PSOE, mostrasen en Twitter su rechazo a que el Consejo de Ministros sacase la ley. La segunda tuiteó: «No puedo compartir que Cultura proponga que se apruebe hoy [por ayer] el reglamento de la ley Sinde, espero que el Consejo de Ministros lo pare», y en términos similares se expresó Valenciano.
Pero la puntilla se la dio el clima tempestuoso generado en Internet. En Twitter se han creado en los últimos días etiquetas como #PSOEdisolucion. En un virulento estado de crispación, los internautas instaban al partido a que guardase la ley en el cajón. Según la edición digital del diario ABC, el propio Blanco advirtió a los ministros que aprobar el texto sería «el final del Partido Socialista», lo que habría llevado a desistir a Rodríguez Zapatero.