El médico aceptó quitar la sonda tras intervenir las autoridades andaluzas
25 ago 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La decisión de un médico del Hospital Blanca Paloma, de Huelva, de ordenar la retirada de la sonda alimenticia a una paciente después de que la Consejería de Sanidad de Andalucía interviniera, y cuando previamente se había opuesto a quitarla, ha vuelto a poner en el candelero la polémica muerte digna.
Es el caso de Ramona Estévez, una mujer de 90 años que sufrió el 26 de julio un infarto cerebral que le dejó daños irreversibles. Después de una primera atención en el Hospital Juan Ramón Jiménez, donde tras realizarle un tac descartaron hacer nada por su avanzada edad y lo irreversible del trombo, la trasladaron al Blanca Paloma, especializado en el tratamiento de personas mayores.
Según relata el hijo de la enferma, José Ramón Páez, este centro un médico les dio un ultimátum: o le ponían la sonda o le quitaban el suero y se la llevaban a casa bajo su responsabilidad. Y les advirtió de que no alimentarla estaba castigado por el Código Penal, por lo que la familia cedió, a pesar de que se sentía chantajeada. Pero tras consultar con la Asociación Derecho a Morir Dignamente, presentaron una queja en la Consejería de Sanidad, que contactó con los responsables del hospital para exigirles que se cumpliera la Ley de Muerte Digna aprobada en esta comunidad, que contempla el derecho del paciente a que se respete su voluntad de rechazar el tratamiento.
La consejera de Sanidad andaluza, María Jesús Montero, afirmó ayer que no se ordenó nada al hospital, sino que simplemente se realizó una aclaración sobre la aplicación de esta ley autonómica de muerte digna aprobada en el 2010 , para solucionar la situación. Este caso fue aprovechado por la ministra de Sanidad, Leire Pajín, para justificar la nueva ley de cuidados paliativos que el Gobierno ha enviado al Parlamento para su tramitación, pero que no será aprobada en esta legislatura por el adelanto electoral. «Es el mejor ejemplo de la necesidad de regular por ley la denominada muerte digna, que tiene como objetivo paliar el sufrimiento innecesario y el dolor en los últimos días de vida», señaló.
Así, mientras que la Asociación Derecho a Morir Dignamente expresó su satisfacción porque se ha hecho cumplir esta nueva normativa, las asociaciones pro vida volvieron a manifestar su rechazo a esta nueva ley, que calificaron una vez más como nefasta, porque deja abierta la puerta a la eutanasia. La Iglesia católica también se ha opuesto a esta norma.