Condenan por estafa a María José Campanario, que no irá a la cárcel

EFE

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique, y a su madre, Remedios Torres, a un año y once meses de cárcel cada una por diversos delitos relacionados con la operación Karlos, por presunta estafa a la

Seguridad Social.

Según la sentencia, se condena a María José Campanario a una pena de un año y siete meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial, más cuatro meses de prisión por un delito de estafa en grado de tentativa, lo que suma un año y 11 meses de cárcel, además de una multa de 1.800 euros. En el caso de su madre, Remedios Torres, el juez la ha condenado a un año y siete meses de prisión por cooperar en un delito de falsedad en documento oficial, más cuatro meses de prisión por estafa en grado de tentativa, lo que suma un año y 11 meses de cárcel y una multa de más de 720 euros.

Una trama organizada

Según fuentes judiciales, tanto Campanario como su madre podrán eludir la cárcel al no tener antecedentes penales, aunque, en el caso de que en el período de dos años alguna de las dos volviese a cometer un delito, tendría que cumplir la nueva condena más la de esta sentencia. En ella, el juez considera probada la trama por la que el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, tramitaba pensiones de invalidez de forma fraudulenta con la ayuda del inspector médico Francisco Casto y de la que se habían beneficiado más de una veintena de personas.

Carlos Carretero, principal cabecilla de la trama y encargado de gestionar la tramitación de expedientes falsos para la obtención de pensiones, ha sido condenado a cuatro años de prisión.

Por su parte, el inspector médico Francisco Casto Pérez-Lara, responsable de falsear los informes clínicos de los interesados, ha sido condenado a nueve años y seis meses de prisión. También se le ha impuesto una multa de 9.000 euros.

El juicio de la operación Karlos, que comenzó el pasado 11 de abril y se alargó hasta el 11 de junio, ha juzgado a 25 personas por su implicación en la red que obtenía pensiones de invalidez de forma fraudulenta.

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